Principal en Tribunal Oral TO01 - IMPUTADO: SOULE, FABIAN ARIEL Y OTROS s/OBTENCION FRAUDULENTA DE BENEFICIOS FISCALES, USO DE DOCUMENTO ADULTERADO O FALSO (ART.296) y INSOLVENCIA PROCESAL FRAUDULENTA (ART.179) QUERELLANTE: AFIP

¿Quién es el actor?

Administración Federal de Ingresos Públicos / ARCA (querellante), con intervención del Ministerio Público Fiscal.

¿A quién se demanda?

Sergio Eduardo Bruno Carballo y Fabián Ariel Soulé (condenados).

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Recursos de casación contra la sentencia del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 2 de Córdoba del 12 de noviembre de 2025, que condenó a Bruno Carballo a cinco años y cuatro meses de prisión e inhabilitación perpetua para la función pública, y a Soulé a seis años de prisión y diez de inhabilitación.

¿Qué se resolvió?

Por mayoría, se declaró inoficioso el tratamiento del recurso de Soulé (fallecido durante el plazo de oficina) y se rechazó el recurso de casación de Bruno Carballo, con costas. Se tuvo presente la reserva del caso federal.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

"[...] la jurisdicción de esta Cámara se encuentra habilitada a decidir respecto de los planteos recursivos con relación a la pena impuesta, y no con respecto a la valoración que ya se hiciera en esta Sala [...] sobre los hechos, las pruebas, las calificaciones legales y otras cuestiones abordadas en su pronunciamiento del 4 de agosto de 2022."

"[...] la determinación judicial de que, en un supuesto concreto, se ha violado el derecho fundamental de una persona a ser juzgada en un plazo razonable no es el resultado de una simple contrastación con un término elegido en abstracto."

"[...] en esta nueva oportunidad, los embates casatorios no logran demostrar elementos novedosos o circunstancias fundadas que [...] pongan de resalto la irrazonabilidad de la duración del trámite del proceso [...]."

Respecto de la pena, el voto mayoritario sostuvo que el Tribunal "procedió a la corrección de los defectos de fundamentación advertidos" en la casación anterior, al excluir la condición de funcionario público de la ponderación bajo los arts. 40 y 41 del CP, evitando la doble valoración; y que el mínimo de la escala, de cinco años y cuatro meses, "no luce irrazonable o arbitraria". Citando el precedente "Prete" (Fallos: 349:291), se remarcó que "los jueces no pueden apartarse" de la ley vigente si no se declara su inconstitucionalidad en el caso concreto.

Como disidencia parcial, la jueza Ledesma coincidió en el rechazo del planteo de plazo razonable, aplicando el criterio de su voto en "Abraham Musi" (Sala II, 2019), pero no fundó separadamente en materia de pena, adhiriendo a la propuesta de rechazo.