MONTAÑA, OSVALDO ADRIAN c/ AGENCIA DE RECAUDACION Y CONTROL ADUANERO- ARCA s/ACCION MERE DECLARATIVA DE INCONSTITUCIONALIDAD

¿Quién es el actor?

Osvaldo Adrián Montaña.

¿A quién se demanda?

Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA, ex AFIP).

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Declaración de inconstitucionalidad de los arts. 23 inc. c), 79 inc. c), 81 y 90 de la Ley 20.628 y de cualquier norma, reglamento o instructivo dictado en consonancia, respecto del beneficio previsional del actor; cese de las retenciones; y reintegro de las sumas descontadas en los cinco años anteriores a la interposición de la acción (05/05/2023), con intereses según la tasa pasiva promedio del BCRA.

¿Qué se resolvió?

La Cámara confirmó la sentencia de primera instancia en cuanto fue materia de agravios. Impuso las costas de Alzada por su orden.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

Sobre la vía elegida, el tribunal sostuvo: "la pretensión de repetición se encuentra subordinada en su procedencia a la declaración de inconstitucionalidad de la ley de Impuesto a las Ganancias, de manera que se considera que no resulta exigible a los actores el agotamiento de la vía administrativa por comportar un ritualismo inútil". Agregó que "la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha precisado que no resulta idónea la vía administrativa para plantear la declaración de inconstitucionalidad de la ley o de un decreto (Fallos: 315:1854, entre otros)".

Sobre la aplicación de "García" (Fallos: 342:411), la Cámara remitió a los fundamentos de su precedente "Oviedo" (Sala I, 11/09/2020) y sostuvo que "la citada ley [27.617] no modificó la estructura en la que estaba tipificado el tributo con relación a los jubilados, manteniéndose la subcategorización mediante un criterio estrictamente patrimonial... que no revela un tratamiento diferenciado para la tutela de las personas jubiladas lo que, a criterio del Máximo Tribunal, resulta contrario a la Norma Fundamental".

Sobre las normas posteriores, expresó que "el dictado del decreto 473/2023 y la ley 27.725, así como la sanción de la ley 27.743 y del decreto 652/24, tampoco resulta suficiente para declarar abstracta la pretensión del actor, en tanto, al igual que la ley 27.617, no importó un tratamiento diferenciado del colectivo bajo estudio".

Sobre el reintegro, consideró que "la prescindencia del plazo de prescripción previsto por el Art. 56 de la ley 11.863 importaría una limitación al derecho de los demandantes a percibir las sumas que le fueron descontadas", por lo que correspondió el reconocimiento quinquenal conforme el art. 56 de la ley 11.683.

Sobre los intereses, señaló que "resulta razonable en la especie aplicar la tasa pasiva promedio mensual publicada por el Banco Central de la República Argentina".