CORTEZ, CARLOS GUILLERMO c/ AGENCIA DE RECAUDACION Y CONTROL ADUANERO (ARCA - EX AFIP) s/ACCION MERE DECLARATIVA DE DERECHO

¿Quién es el actor?

Carlos Guillermo Cortez, beneficiario del Instituto de Ayuda Financiera para Pago de Retiros y Pensiones Militares.

¿A quién se demanda?

Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA – ex AFIP).

¿Cuál es el objeto del reclamo?

declaración de inconstitucionalidad de los arts. 23 inc. c), 79 inc. c), 81 y 90 de la ley 20.628 (texto según leyes 27.346 y 27.430) y de toda norma, reglamento, circular o instructivo dictado en consonancia; cese del descuento del impuesto a las ganancias sobre su beneficio previsional y reintegro de las sumas retenidas en los cinco años anteriores a la demanda, con intereses.

¿Qué se resolvió?

La Cámara confirmó la sentencia de primera instancia en cuanto fue materia de agravios, que había hecho lugar a la acción, ordenó a la demandada abstenerse de descontar el tributo sobre el beneficio previsional del actor y reintegrar las sumas retenidas, e impuso las costas de Alzada en el orden causado (art. 68, segundo párrafo, CPCCN). El agravio del actor, referido a las costas de ambas instancias, fue desestimado.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

La Cámara sostuvo que resultaba procedente aplicar la doctrina de la CSJN en "García, María Isabel c/ AFIP s/ acción meramente declarativa de inconstitucionalidad" (26/03/2019, Fallos: 342:411), donde el Alto Tribunal señaló que "la sola capacidad contributiva como parámetro para el establecimiento de tributos a los jubilados, pensionados, retirados o subsidiados resultaba insuficiente si no se sopesaba la vulnerabilidad vital del colectivo concernido". Recordó que la CSJN reiteró esa doctrina en "Calderale" (01/10/2019) y "Dotta" (23/03/2021), y que la propia Sala II la aplicó en diversos precedentes, incluido uno posterior a la ley 27.617. Señaló que el decreto 473/2023, la ley 27.725, la ley 27.743 y el decreto 652/24 no implicaron un tratamiento diferenciado del colectivo en los términos de "García". Respecto de las costas, expresó que "el segundo párrafo del Art. 68 del código de rito, faculta al juez a apartarse del principio general de la derrota… en la medida en que encuentre mérito para ello y en tanto lo exprese en el pronunciamiento", y que, por la naturaleza del tema debatido, la distribución en el orden causado era consecuencia lógica del resultado del pleito. Los Dres. Lugones y Barral votaron en igual sentido (acuerdo unánime; no se registra disidencia).