ROMERO, JOSE Y OTRO c/ ESTADO NACIONAL -MINISTERIO DE SEGURIDAD Y OTROS s/ACCION MERE DECLARATIVA DE INCONSTITUCIONALIDAD

¿Quién es el actor?

José Romero y otro.

¿A quién se demanda?

Estado Nacional (Ministerio de Seguridad, Gendarmería Nacional y/o Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la Policía Federal).

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Acción meramente declarativa de inconstitucionalidad del Decreto N° 679/1997, que elevó el descuento previsional del 8% al 11% sobre haberes de actividad, retiro o pensión.

¿Qué se resolvió?

La Cámara rechazó los recursos de apelación de las demandadas y confirmó la sentencia de primera instancia, que hizo lugar a la demanda. Impuso las costas de esta instancia a la demandada vencida.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

Sobre el Decreto 679/1997: "Es de advertir que el decreto en cuestión modificó sustancialmente el régimen legal de aportes del personal de la institución, elevando el descuento previsional del 8% a un 11% sobre el haber de actividad, retiro o pensión, por considerar que se verificaban las circunstancias excepcionales del art. 99, inc. 3 de la Constitución Nacional para el dictado de decretos de necesidad y urgencia." Citando a la CSJN en "Pino, Seberino" (Fallos: 344:2690): "…que los fundamentos dados por el Poder Ejecutivo Nacional no alcanzan para poner en evidencia que el dictado del decreto en cuestión haya obedecido a la necesidad de adoptar medidas inmediatas para paliar una situación de rigurosa excepcionalidad y urgencia…". Y concluye: "En tales condiciones, corresponde declarar la inconstitucionalidad del Decreto 679/79.". La Cámara sostiene que "no corresponde apartarse de lo resuelto en el precedente citado".

Sobre la prescripción: "…en la sentencia se ha determinado como aplicable el plazo de dos años establecido en el art. 2562 inciso c) del Código Civil y Comercial de la Nación." Se remite a "Jaroslavsky, Bernardo" de la CSJN y concluye que "La misma interpretación debe efectuarse con respecto a la Ley N° 23.627 dada su similitud con el art. 82 de la Ley N° 18.037."

Sobre el pago: la sentencia de primera instancia dispuso que el crédito "deberá ser abonado de conformidad a las previsiones de la ley de presupuesto, mediante la respectiva reserva presupuestaria, por lo que dicho agravio no contempla los términos de la misma y no puede receptarse favorablemente."

Sobre costas: "el artículo 68 del Código Procesal consagra el criterio objetivo de la derrota, como fundamento de la imposición de las costas."