BARBONA FERNANDO ANDRES Y OTRO c/ CAJA DE RETIROS JUBILAC.Y PENS.DE LA POLICIA FEDERAL s/PERSONAL MILITAR Y CIVIL DE LAS FFAA Y DE SEG

¿Quién es el actor?

Fernando Andrés Barbona y otro.

¿A quién se demanda?

Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la Policía Federal (C.R.J.P.P.F.A.) y codemandada Gendarmería Nacional.

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Declaración de inconstitucionalidad del Decreto 679/97 y cese de los descuentos de aportes previsionales sobre los haberes de los accionantes.

¿Qué se resolvió?

La Cámara Federal de la Seguridad Social, Sala 2, revocó la sentencia de grado en lo relativo al plazo de cumplimiento, ordenando a la demandada que efectúe la previsión presupuestaria y la acredite en autos conforme a la normativa aplicable a créditos contra el Estado (art. 22 de la Ley 23.982 y art. 170 de la Ley 11.672). Confirmó lo demás que decide y fue materia de agravios, impuso las costas de Alzada a la demandada vencida (art. 68 CPCCN), reguló honorarios de la representación letrada de la actora en el 30% de lo que le corresponda en la instancia anterior (art. 30 de la Ley 27.423) y devolvió las actuaciones al juzgado de origen.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

"Ahora bien, si bien esta Sala ha sostenido la validez constitucional tanto del Decreto-Ley 22.788 como del Decreto 679/97, no puede soslayarse que la Corte Suprema de Justicia de la Nación se ha pronunciado respecto de las normas aquí cuestionadas en los autos 'Pino, Seberino y otros c/ Estado Nacional - Ministerio del Interior s/ Personal Militar y Civil de las Fuerzas Armadas y de Seguridad', sentencia del 7 de octubre de 2021."

"Distinta fue la solución adoptada respecto del Decreto 679/97. En efecto, la Corte Suprema, por mayoría, sostuvo que los fundamentos invocados por el Poder Ejecutivo Nacional para justificar el ejercicio de las facultades previstas en el artículo 99, inciso 3, de la Constitución Nacional revelaban, en realidad, la voluntad de modificar de manera permanente el sistema previsional de la Gendarmería Nacional mediante el dictado del decreto impugnado."

"En tales condiciones, y conforme las pautas fijadas en el precedente 'Verrocchi' (Fallos: 322:1726), no se encontraban satisfechos los recaudos constitucionales necesarios para el ejercicio legítimo, por parte del Presidente de la Nación, de facultades legislativas que, en principio, le son ajenas."

"En este orden de ideas, razones de economía procesal aconsejan aplicar la referida doctrina a fin de evitar un dispendio jurisdiccional innecesario. Ello así, en lo que respecta al Decreto 679/97, corresponde confirmar el pronunciamiento apelado."

Sobre la prescripción, el Tribunal declaró prescriptos los créditos anteriores a cinco años previos a la interposición de la demanda, con apoyo en el art. 2537 del CCyCN y el art. 4027 del Código Civil (Ley 340).