QUINODOZ MAXIMILIANO EZEQUIEL Y OTROS c/ MINISTERIO DE SEGURIDAD Y OTRO s/PERSONAL MILITAR Y CIVIL DE LAS FFAA Y DE SEG

¿Quién es el actor?

Maximiliano Ezequiel Quinodoz y otros.

¿A quién se demanda?

Ministerio de Seguridad y otro (Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la Policía Federal, C.R.J.P.P.F.A., como apelante).

¿Cuál es el objeto del reclamo?

declaración de inconstitucionalidad del Decreto 679/97 y cese de los descuentos previsionales practicados sobre los haberes de los accionantes.

¿Qué se resolvió?

se confirmó el pronunciamiento de grado en cuanto declaró la inconstitucionalidad del Decreto 679/97, se confirmó la prescripción bienal aplicada y la imposición de costas a la demandada vencida; se revocó el plazo de cumplimiento, ordenando que la demandada efectúe la previsión presupuestaria y la acredite en autos conforme la normativa aplicable a créditos contra el Estado (art. 22 de la Ley 23.982 y art. 170 de la Ley 11.672, texto ordenado por Decreto 740/2014). Se reguló honorarios de la representación letrada de la actora por la Alzada en el 30% de lo que corresponda en la instancia anterior.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

"Ahora bien, si bien esta Sala ha sostenido la validez constitucional tanto del Decreto-Ley 22.788 como del Decreto 679/97, no puede soslayarse que la Corte Suprema de Justicia de la Nación se ha pronunciado respecto de las normas aquí cuestionadas en los autos 'Pino, Seberino y otros c/ Estado Nacional - Ministerio del Interior s/ Personal Militar y Civil de las Fuerzas Armadas y de Seguridad', sentencia del 7 de octubre de 2021."

"Distinta fue la solución adoptada respecto del Decreto 679/97. En efecto, la Corte Suprema, por mayoría, sostuvo que los fundamentos invocados por el Poder Ejecutivo Nacional para justificar el ejercicio de las facultades previstas en el artículo 99, inciso 3, de la Constitución Nacional revelaban, en realidad, la voluntad de modificar de manera permanente el sistema previsional de la Gendarmería Nacional mediante el dictado del decreto impugnado."

"En tales condiciones, y conforme las pautas fijadas en el precedente 'Verrocchi' (Fallos: 322:1726), no se encontraban satisfechos los recaudos constitucionales necesarios para el ejercicio legítimo, por parte del Presidente de la Nación, de facultades legislativas que, en principio, le son ajenas."

"En lo que se refiere al plazo de prescripción... la Corte Suprema... estableció... que la prescripción aplicable era la bienal."