MENENDEZ, FRANCISCO RAUL Y OTRO c/ OMINT SA DE SERVICIOS s/AMPARO DE SALUD

¿Quién es el actor?

Francisco Raúl Menéndez y Delia María Del Carmen Aloy, por derecho propio.

¿A quién se demanda?

OMINT S.A. de Servicios.

¿Cuál es el objeto del reclamo?

que se declare la inconstitucionalidad de los arts. 267 y 269 del DNU n° 70/23 y que la demandada deje sin efecto los aumentos de la cobertura médica no autorizados por la autoridad de aplicación.

¿Qué se resolvió?

se hizo lugar al amparo y se declaró la inconstitucionalidad de los arts. 267 y 269 del DNU 70/23, con alcance limitado al caso concreto. Se impusieron las costas a la demandada y se regularon honorarios al letrado de la actora. Los aumentos no autorizados son ilegítimos, la Superintendencia debe autorizar los futuros aumentos en el contrato de las actoras y los pagos realizados con el IPC se consideran cancelatorios; las diferencias a favor de la actora se acreditarán en la próxima cuota.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

"...en el presente caso se encuentra discutida la constitucionalidad de los arts. 267 y 269 del DNU n° 70/23 pues ha permitido a las empresas de medicina prepaga la fijación del valor de la cuota de los planes de salud que comercializan, de manera unilateral y sin necesidad de autorización previa por parte de la autoridad de aplicación..."

"Por lo tanto, cualquier disposición de carácter legislativo emitida por el Poder Ejecutivo debe reputarse prima facie inconstitucional, presunción ésta que sólo puede ser abatida por quien demuestre que se han reunido las condiciones para aplicar la única excepción admitida en la Constitución..."

"...el Poder Ejecutivo dio los motivos por los cuales consideró la necesidad de desregular diversos sectores de la economía, en los relativo a la derogación de los artículos de la Ley de Medicina Prepaga, no dio mayores precisiones que permitiesen concluir en la razonabilidad de dicha medida o en la premura necesaria..."

"...cabe concluir que el silencio adoptado por la Cámara de Diputados de la Nación no se compadece con la exigencia de la ley 26.122..."

"...como una decisión judicial como la aquí dictada en nuestro sistema de control de constitucionalidad difuso no puede generar efectos erga omnes..., la solución que se adopta es que, una vez firme la presente, el organismo de control deberá fiscalizar y autorizar los aumentos que fueran a aplicarse en el contrato particular celebrado por la parte actora..."