BERON LUISA VICTORIANA Y OTROS Y SUS ACUMULADOS c/ SUPERIOR GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE ENTRE RIOS Y CAJA DE JUBILACIONES Y PENBSIONES DE LA PROVINCIA DE ENTRE RIOS s/AMPARO

Demandantes (actores): afiliados al Régimen de Jubilación de Amas de Casa de la Provincia de Entre Ríos (ley 8107), Luisa H. Berón y otros.

¿A quién se demanda?

Gobierno de la Provincia de Entre Ríos y Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia de Entre Ríos.

¿Cuál es el objeto del reclamo?

amparo para que se declare la inconstitucionalidad de diversas disposiciones del decreto 2416/01 (período de normalización por 180 días prorrogables, tope de cien expedientes mensuales con trámite favorable para autorizar prestaciones, suspensión de plazos procesales y prohibición de deducir acciones judiciales) y se ordene reconocer los beneficios previsionales.

¿Qué se resolvió?

el Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos revocó la sentencia de primera instancia, que había hecho lugar al amparo y declarado la invalidez del decreto 2641/01, y rechazó la acción.

Opinión de la Procuración General (dictamen): corresponde hacer lugar a la queja, declarar procedente el recurso extraordinario y confirmar la sentencia apelada.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

Se reconoce que el régimen local tiene problemas estructurales de financiamiento: "el espectro de beneficiarios suman más de 15.000, mientras que los aportantes rondan apenas los 3000" (fs. 259), por lo que los sucesivos períodos de normalización no lograron estabilizarlo.

Sobre la necesidad y urgencia: el desequilibrio económico justificaba la medida, y "no puede, entonces, tacharse de irrazonable que los jueces consideraran justificado que se dictase una norma destinada a consolidar la viabilidad del sistema".

Sobre el derecho de propiedad y la retroactividad: "mediando una situación de grave necesidad, el interés particular debe ceder ante el general (Fallos: 269:416, entre otros)".

Sobre la declaración de inconstitucionalidad: "es un acto de suma gravedad institucional que debe ser considerada como la ultima ratio del orden jurídico (Fallos: 307:531; 312:72; y 314:424)".

Reconoce que la medida "prima facie... no parecería, quizás, el que más se ajusta a los objetivos que persigue la previsión social", pero concluye que no se abandonó la protección del sector de amas de casa.

Pese a la expiración del plazo del período de normalización, subsiste el interés en el pronunciamiento por el perjuicio patrimonial que habría generado la demora en el cobro de los haberes.