COMPAÑIA SWIFT DE LA PLATA SA FRIGORIFICA c/ ESTADO NACIONAL ARGENTINO (PEN) s/DAÑOS Y PERJUICIOS

¿Quién es el actor?

Compañía Swift de La Plata S.A. Frigorífica y Deltec Argentina S.A. Financiera y Mandataria.

¿A quién se demanda?

Estado Nacional Argentino (P.E.N.).

¿Cuál es el objeto del reclamo?

indemnización por los daños y perjuicios derivados de la intervención y administración estatal de la empresa Swift entre el 10 de noviembre de 1971 y el 6 de agosto de 1977 (disminución del capital de trabajo, mayores intereses del pasivo y alteración de la relación activo-pasivo), y en el caso de Deltec, por no haberse liquidado inmediatamente los bienes de Swift.

¿Qué se resolvió?

se confirmó el rechazo de las demandas, con costas. Se dejó sin efecto la regulación de honorarios de los peritos Verrier, Alcíbar y Amigo prevista para el caso de que la demandada los pagara, y se confirmaron los honorarios regulados en las mayores sumas.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

"...la demanda... tuvo por objeto que se condene al Estado Nacional a pagarle una indemnización por los daños y perjuicios que le habrían sido ocasionados por la intervención y administración estatal de su complejo industrial y comercial..." (considerando 3°).

"...no resulta posible desvincular en el sub examine los daños cuya reparación se pretende de la propia conducta de quien reclama tal resarcimiento" (considerando 17). La Corte sostuvo que "si posteriormente la administración dejó de estar en manos de la Cía. Swift de La Plata S.A., tal circunstancia no se debió a una causa imputable al Estado, sino a la situación de quiebra de esa sociedad" (considerando 18).

Respecto de la responsabilidad por actos lícitos, el voto mayoritario recordó que "cuando un derecho patrimonial cede por razón de un interés público frente al Estado, o sufre daño por su actividad, ese daño debe ser indemnizado tanto si la actividad que lo produce es ilícita o ilegítima cuanto si no lo es", pero exige "un daño actual y cierto, la relación de causalidad directa e inmediata entre el accionar del Estado y el perjuicio, y la posibilidad de imputar jurídicamente esos daños a la demandada" (considerando 15).

Sobre la ley 18.832, la Corte señaló que "el hecho de que la ley 18.832 no contemple expresamente tal posibilidad no puede suscitar problema constitucional alguno" (considerando 21).

En cuanto a los honorarios, la mayoría sostuvo que la reducción "no halla sustento en el ordenamiento legal, por lo que corresponde dejarla sin efecto" (considerando 30). El voto de Nazareno y Fayt, en disidencia parcial, consideró que la distinción descalificaba la regulación como acto judicial válido y la dejó sin efecto en su totalidad, con nueva resolución del a quo.