ENECOR S.A. c/ CORRIENTES, PROVINCIA DE s/ACCION DECLARATIVA

¿Quién es el actor?

Enercor S.A.

¿A quién se demanda?

Provincia de Corrientes.

¿Cuál es el objeto del reclamo?

que se declare que Enercor S.A. no está obligada a pagar (i) el impuesto de sellos por la instrumentación del contrato del 20 de noviembre de 1995 (construcción, operación y mantenimiento de la estación transformadora "Paso de la Patria", la línea de alta tensión con "Santa Catalina" y su ampliación, y licencia de transportista independiente), y (ii) el impuesto sobre los ingresos brutos por las actividades derivadas de ese convenio.

¿Qué se resolvió?

hacer lugar a la demanda. Las resoluciones internas de la Dirección General de Rentas de Corrientes (N° 363/2001 y N° 222/2002) que intimaban al pago de ambos tributos configuran una controversia concreta y actual, por lo que la acción es procedente.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

"...es directamente afectada por los actos locales cuya validez constitucional ha impugnado, sin que la particularidad de que el impuesto sobre los ingresos brutos se encuentre concebido de modo tal de que su carga económica sea trasladable a terceros obste a tal conclusión."

"...ha sido la Provincia de Corrientes quien encuadró este convenio en los términos de las leyes 15.336, 23.696 y 24.065, esto es, en el marco energético nacional, e indicó que, en materia de tributación, sería considerado como un servicio de jurisdicción nacional, por lo que se aplicaban plenamente los arts. 1, 6 y 12 de la ley 15.336."

"...ella también decidió que la concesión no podía ser gravada por sus impuestos y contribuciones locales, por entender que esos tributos constituían medidas que restringían o dificultaban la libre producción o circulación de la energía."

"...ha sido la propia Provincia quien admitió que sus tributos interfieren con la circulación de la energía y tal reconocimiento torna innecesario una actividad probatoria de la reclamante en ese sentido."

La conducta provincial queda comprendida en la doctrina de los actos propios y en el deber de coherencia derivado de la buena fe (arts. 1071 y 1198, Código Civil), sin que la presunción de legitimidad de los actos administrativos alcance para sostener la pretensión tributaria.