PICO MAXIMILIANO GABRIEL s/S/SECUESTRO EXTORSIVO

¿Quién es el actor?

No aplica (contienda negativa de competencia entre tribunales penales).

¿A quién se demanda?

Maximiliano Gabriel Pico, imputado de haber intervenido, junto con otras personas, en el secuestro extorsivo y posterior muerte de Juan Manuel Canillas.

Objeto de la contienda: Determinar qué jurisdicción debe juzgar a Pico, si la justicia provincial de Buenos Aires o la justicia federal.

Antecedentes: Por el mismo hecho tramitaron dos procesos. En la justicia provincial se condenó a Raúl Ezequiel Monti a reclusión perpetua, con accesoria de reclusión por tiempo indeterminado, como coautor de secuestro extorsivo y homicidio calificado por alevosía. El proceso contra Pico ante los jueces nacionales fue acumulado al provincial por incompetencia. Elevada la causa a juicio, el tribunal declinó su competencia en favor de la justicia federal, invocando el precedente "Ramaro". Los jueces nacionales no aceptaron el planteo, y el tribunal local mantuvo su criterio, agregando que el Superior Tribunal provincial sostuvo que deben anularse de oficio los actos del proceso provincial si se aplicó el artículo 142 bis del Código Penal. Así quedó trabada la contienda.

Qué se dictamina: El Procurador General considera que el hecho es, por sus características, de aquéllos que suscitan la competencia del fuero de excepción, remitiéndose a sus dictámenes en "Perdiechizi" y "Ramaro".

¿Cuáles son los fundamentos principales?

"...el hecho materia de investigación en este proceso es, por definición, en atención a sus particulares características, de aquéllos que suscitan la competencia del fuero de excepción (Competencias N° 1252, L. XLI, in re 'Moyano, Agustín Fernando s/ infracción al artículo 170 del C.P.' y N° 1024, L. XLI, in re 'Cárdenas, Ariel Eduardo y otros s/ art. 170 del C.P.')."

"...V.E. tiene decidido que cuando la jurisdicción federal surge ratione materiae es improrrogable, privativa y excluyente de los tribunales provinciales, sin que el consentimiento ni el silencio de las partes sean hábiles para derogar esos principios (Fallos: 311: 1812 y 324: 3686) y la incompetencia de la justicia ordinaria puede promoverse en cualquier estado del proceso (Fallos: 31: 374 y 314: 1076)."

"A ello no obsta, en mi opinión, que el juzgamiento de los participes en un mismo hecho se efectúe en distintas jurisdicciones y bajo normas procesales diferentes, ya que el juicio oral implica la reproducción de las pruebas obtenidas en la instrucción y su valoración independiente, en cada caso, atendiendo a la responsabilidad de los imputados, sin que la sujeción a normas procesales en uno y otro supuesto... implique una violación a la garantía de igualdad ante la ley..."

"Por lo expuesto, opino que corresponde a la justicia federal continuar con la sustanciación de este proceso."