CACCIATORI ENRIQUE ARMANDO c/ OCUPANTES DE LA UNIDAD FUNCIONAL N° 5 DE JOSE MARIA MORENO 75 Y OTRO s/INTERDICTO

¿Quién es el actor?

Enrique Armando Cacciatori.

¿A quién se demanda?

los ocupantes de la unidad funcional N° 5 de la calle José María Moreno 75 (un instituto de belleza, "Beauty Center") y Miguel Fernández García como propietario del inmueble, cuyos sucesores fueron codemandados.

¿Cuál es el objeto del reclamo?

interdicto de obra nueva, por perjuicios causados por la construcción iniciada en la unidad y por violación del código de la construcción y de la ley 13.512.

¿Qué se resolvió?

se declaró procedente el recurso extraordinario y se dejó sin efecto la sentencia apelada, ordenando que el tribunal de origen dicte nuevo fallo. Las costas se impusieron en el orden causado en la parte que corresponde a la presente, con costas a cargo de la parte perdidosa en el principal (según el texto, "con costas"). Se ordenó extraer fotocopias y remitirlas al Defensor General de la Nación a los fines del art. 51, inc. m, de la ley 24.946.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

"Que no se advierte en los términos del referido escrito de fs. 235 que haya oscuridad o que sea ininteligible, pues si se atiende a su contenido que expresamente dice que la sucesión del codemandado 'no es objeto de la presente demanda', se aprecia que se configuró con claridad un desistimiento, esto es, un acto de disposición procesal que consiste en una renuncia del actor a continuar el litigio con los herederos del causante, el cual fue tácitamente aceptado por quien tenía legitimación suficiente al respecto."

"Que, en consecuencia, del comportamiento referido resulta, por una parte, que el demandante limitó su pretensión en forma indubitable contra el inquilino ocupante de la unidad funcional n° 5, y por otra, que las exigencias de los arts. 304 y 306 del ordenamiento procesal quedaron satisfechas o fueron renunciadas con el pedido de sentencia sin más trámite formulado por aquél."

"Que la decisión del a quo, al haber prescindido de la expresa manifestación de voluntad del actor tendiente a dar por terminado el pleito respecto de los recurrentes, aparece dictada con total apartamiento de las constancias de la causa, circunstancia que la torna descalificable como acto judicial válido."

"Que a las graves deficiencias señaladas cabe aún añadir que la sentencia condenatoria, pese a afectar a los menores, no fue notificada al Ministerio Pupilar, transgrediendo de ese modo normas legales expresas [...] lo que traduce, asimismo, una lesión a la exigencia constitucional del debido proceso adjetivo."