MASSUH S.A. s/CONCURSO PREVENTIVO S/ INCIDENTE (DE PIEZAS POR SEPARADO)

Actor/recurrente: Administración Nacional de Aduanas.

Demandado/recurrido: Massuh S.A., concursada en concurso preventivo.

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Constitucionalidad del art. 97 de la ley 22.415 (Código Aduanero), en cuanto dispone la suspensión en el Registro de Importadores y Exportadores de quien se encuentra en concurso preventivo, hasta la carta de pago o la homologación del acuerdo, salvo que se preste garantía adicional de un tercero.

¿Qué se resolvió?

La Sala B de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial había declarado la inconstitucionalidad de esa norma por considerar que afectaba el derecho a comerciar (art. 14 CN). El Procurador General dictaminó que corresponde hacer lugar al recurso extraordinario y revocar la resolución apelada. (Se trata de un dictamen, no de la sentencia de la Corte.)

¿Cuáles son los fundamentos principales?

"...la declaración de inconstitucionalidad de un precepto de jerarquía legal constituye la más delicada de las funciones susceptibles de encomendarse a un tribunal de justicia..." (citando Fallos 303:248, 1708, 1776; 304:849).

"...dicha suspensión... no aparece caracterizada por el legislador como una sanción, sino como una mera derivación de haber desaparecido uno de los recaudos que había sido exigido como un requisito legal para otorgar a la empresa la habilitación..."

"...esta norma... contempla, en especial, la situación del deudor concursado en forma preventiva -quien necesita continuar su giro comercial- posibilitándole salvar la pérdida de la solvencia exigida como un requisito para operar, mediante el otorgamiento de una garantía por un tercero."

Sobre el sometimiento voluntario: la concursada "quiso desempeñarse en el comercio exterior... luego, al perder uno de ellos -la solvencia- no puede pretender ahora que ello no le acarree alguna consecuencia en el marco del régimen especial al que se sometió."

Respecto del plazo: la exigencia "está acotada a un límite temporal -hasta la homologación del acuerdo o el pago de los créditos- que no debería alcanzar al lapso de un año".

Concluye que la impugnante "no ha logrado demostrar la irrazonabilidad de la norma, ni que su aplicación le ocasione, de manera concreta y efectiva, una lesión a principios constitucionales de tal entidad que justifique su abrogación."