IMPEL CENTER S.R.L. c/ MINISTERIO DE TRABAJO s/PROCESO DE CONOCIMIENTO

¿Quién es el actor?

Impel Center S.R.L., empresa dedicada a la prestación de servicios eventuales.

¿A quién se demanda?

Ministerio de Trabajo de la Nación.

¿Cuál es el objeto del reclamo?

nulidad de las resoluciones 414/99 y 143/01 que cancelaron la habilitación de la empresa para funcionar, por incumplimiento de requisitos del art. 14 del decreto 342/92, reglamentario de la ley 24.013. Se solicitó además una medida cautelar de no innovar.

¿Qué se resolvió?

el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Federal N° 10 se declaró incompetente, y la Cámara confirmó esa decisión. Luego el Juzgado Nacional del Trabajo N° 47 también se declaró incompetente, generando la contienda. La Procuración General opina que corresponde a la Justicia Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal, por medio del juzgado que previno.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

"...la empresa actora impugna, sustancialmente, la validez de actos administrativos de alcance particular emanados de la administración central, por lo que resulta clara la prioritaria relevancia que los aspectos propios del derecho administrativo asumen para la solución del pleito..."

"...la verificación del cumplimiento de los requisitos para funcionar como empresa, así como la aplicación de sanciones por la falta de ellos, constituye función administrativa ejercida por la autoridad designada por la ley, cuyo control jurisdiccional compete a magistrados versados específicamente en derecho administrativo, a menos que una ley otorgue expresamente esa función a otro fuero..."

"...toda vez que lo sustancial del pleito remite directa e inmediatamente a la consideración de temas reglados por el derecho público, opino que el presente proceso debe continuar su trámite ante la Justicia Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal..."

Se recuerda que para determinar la competencia corresponde atender de modo principal a la exposición de los hechos que hace el actor en la demanda, y después al derecho invocado (doctrina de Fallos 315:2300; 318:30; 323:470 y 2342).