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Cámara de Apelaciones

HARRISON, JULIO CESAR c/ AGENCIA NACIONAL DE DISCAPACIDAD s/AMPARO LEY 16.986

El amparista solicitó reconocimiento de una Pensión No Contributiva por Discapacidad para Protección Social. La Cámara Federal de Mar del Plata hizo lugar a la apelación, revocó la sentencia de grado y ordenó a SENADIS que conceda la prestación y pague los haberes devengados desde la entrada en vigor de la Ley 27.793 con intereses.

Fecha de la sentencia
Tribunal
CAMARA FEDERAL DE MAR DEL PLATA - SECRETARIA CIVIL
Fuero
FEDERAL DE MAR DEL PLATA
Jurisdicción
Federal · Buenos Aires
Expediente
FMP 012641/2026/CA001
Pension no contributiva Discapacidad Ley 27.793 Andis / senadis Certificado unico de discapacidad (cud) Interes tasa pasiva bcra Evaluacion socioeconomica Amparo ley 16.986 Costas Revocatoria.

¿Quién es el actor?

Julio César Harrison (amparista).

¿A quién se demanda?

Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) —actual Secretaría Nacional de Discapacidad (SENADIS).

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Solicitud de Pensión No Contributiva por Discapacidad para Protección Social (Ley nº 27.793), reconocimiento administrativo y pago de haberes devengados desde el inicio del trámite administrativo/desde la entrada en vigor de la ley.

¿Qué se resolvió?

Se hizo lugar al recurso de apelación y se revocó la sentencia de primera instancia; se ordenó a SENADIS, en el plazo de diez (10) días de notificada, emitir resolución conforme a los parámetros expuestos y conceder la Pensión No Contributiva por Discapacidad para Protección Social; el reconocimiento debe incluir el pago de los haberes devengados desde la entrada en vigor de la Ley nº 27.793 (B.O. 22/09/2025) con intereses conforme la tasa pasiva promedio del BCRA; se impusieron las costas de ambas instancias a ANDIS/SENADIS.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

"Como corolario, la Ley nº 27.793 (B.O. 22/09/2025) crea y regula la Pensión No Contributiva por Discapacidad para Protección Social. Este nuevo marco normativo (artículo 6 de la ley) define los requisitos de acceso y la distingue explícitamente de los regímenes de invalidez laboral (cfr. artículo 5). En tal sentido, podrán ser titulares de la Pensión no Contributiva por Discapacidad para Protección Social aquellas personas que reúnan, de manera concurrente, los siguientes requisitos: a) acreditar el Certificado Único de Discapacidad (CUD); b) justificar identidad, edad y nacionalidad mediante la presentación del Documento Nacional de Identidad (DNI); c) ser ciudadano/a argentino/a, ya sea en calidad de nativo/a, por opción o por naturalización; d) en caso de los ciudadanos extranjeros, acreditar una residencia legal, mínima y continuada en el territorio nacional de cinco (5) años inmediatamente anteriores a la fecha de la solicitud del beneficio; e) no percibir ingresos económicos netos iguales o superiores al equivalente a dos (2) Salarios Mínimos, Vitales y Móviles (SMVM), computándose a tal fin exclusivamente el ingreso individual del peticionante con prescindencia de su grupo familiar; f) no encontrarse el/la solicitante amparado/a por ningún régimen de previsión, retiro permanente o pensión, sea este de naturaleza contributiva o no contributiva; g) aprobar la evaluación socioeconómica realizada por la Agencia Nacional de Discapacidad según los criterios que establezca la misma en acuerdo con el Consejo Federal de Discapacidad."

"Frente a este escenario, cabe señalar que la demora o falta de reglamentación por parte del Estado no puede constituir una barrera para el ejercicio de un derecho fundamental; menos aun cuando afecta de manera directa a colectivos vulnerables como las personas con discapacidad, cuya tutela exige un estándar de protección diferenciada. Impedir el acceso al beneficio por una omisión imputable exclusivamente a la administración importaría consagrar una flagrante desprotección, contraria a las obligaciones internacionales asumidas por el Estado Argentino en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD)."

"Por todos los motivos expuestos, y considerando que la Ley n° 27.793 excluye los ingresos del grupo familiar -en este supuesto, los de la cónyuge- para computar exclusivamente el haber individual del peticionante, quien -tal como ya se ha adelantado- carece de recursos propios; se concluye que los extremos socioeconómicos exigidos por el artículo 6, incisos e), f) y g) de dicha norma se encuentran plenamente configurados, máxime ante la falta de reglamentación estatal de los parámetros para efectuar dicha evaluación."

¿Cómo votaron los jueces?

No consta voto en disidencia; el Dr. Tazza adhirió al voto del Dr. Martín.

Normas que cita

  • Ley 13.478Suplemento variable sobre el haber de las jubilaciones
  • Ley 27.793arts. 5, 6, 9 · Emergencia nacional en discapacidad
  • Decreto 843/2024art. Anexo I
  • Decreto 432/1997art. Anexo I
  • Decreto 84/2026art. 3
  • Resolución 1/2026 (Secretaría Nacional de Discapacidad)
  • Ley 18.910Regimen de pensiones a la vejez y por invalidez
  • Resolución 3450/2017 (Corte Suprema de Justicia de la Nación)
  • Ley 16.986art. 14 · Amparo
  • Constitución NacionalConstitucion nacional
  • Tratado Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidadart. 1
  • Ley 27.700Convencion interamericana sobre proteccion de derechos humanos de las personas mayores
  • Tratado Convención Interamericana sobre Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores
  • CPCCNart. 279 · Codigo procesal civil y comercial de la nacion

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