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Primera Instancia

BARRERA JUAN CARLOS c/ ANSES s/REAJUSTES VARIOS

Barrera impugnó las leyes 27.426 y 27.541 y decretos vinculados por afectar la movilidad jubilatoria; solicitó que ANSeS mantenga la fórmula anterior. El Juzgado Federal de la Seguridad Social rechazó la demanda, considerando que no se acreditó lesión constitucional ni confiscatoriedad, y que las medidas adoptadas en contexto de emergencia son temporarias y están sujetas a control razonabilidad.

Fecha de la sentencia
Tribunal
JUZGADO FEDERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL 10
Fuero
FEDERAL DE SEGURIDAD SOCIAL
Jurisdicción
Federal · Ciudad de Buenos Aires
Expediente
CSS 012844/2026
Movilidad jubilatoria Ley 27.426 Ley 27.541 Anses Emergencia publica Retroactividad Derecho adquirido Confiscatoriedad Cosa juzgada Costas y honorarios

¿Quién es el actor?

BARRERA JUAN CARLOS, titular del beneficio jubilatorio nº 15-0-6845456-0.

¿A quién se demanda?

Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSeS).

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Se impugnan la Ley 27.426, la Ley 27.541 y varios Decretos (DNU 163/2020; Dtos. 495/2020, 542/2020, 899/2020, 692/2020) por alterar la fórmula de movilidad jubilatoria (sustitución del artículo 32 de la Ley 24.241), por su aplicación retroactiva y por suspender la movilidad, solicitando que se ordene mantener la fórmula de la Ley 26.417 y se declare la inconstitucionalidad de las normas impugnadas.

¿Qué se resolvió?

Se rechazó la demanda interpuesta por Barrera Juan Carlos; se impusieron las costas a su orden y se regularon honorarios a favor de la representación letrada de la actora en $540.025. El Tribunal consideró que no se acreditó lesión constitucional que justificara declarar la inconstitucionalidad de las normas cuestionadas.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

"En este orden, al haber efectuado una comparación parcial de ambos cuerpos normativos, no logra demostrar objetivamente, la irrazonabilidad de la nueva ley que intenta sostener."

"Por lo tanto, la prohibición que contiene la disposición legal se encuentra condicionada a la existencia de una lesión concreta a los derechos constitucionales en juego en cada caso concreto."

"Con el dictado de las Leyes Nº 27.426 y 27.541 no resulta menoscabo de la propiedad protegida por el artículo 17 de la Constitución Nacional, porque no hay violación cuando por razones de necesidad se sanciona una norma que no prive a los particulares de los beneficios patrimoniales legítimamente reconocidos, ni les niega su propiedad y sólo limita temporalmente la percepción de tales beneficios o restringe el uso que pueda hacerse de esa propiedad."

"A la luz de lo reseñado, y ante la carencia de indicadores adecuados que permitan llegar a la convicción de la falta de razonabilidad de los preceptos en crisis, no se configura en el caso el agravio constitucional que justificaría admitir la demanda."

"En este orden, resulta insuficiente para tener por demostrada la lesión constitucional invocada el argumento de la suspensión de la movilidad. Ello es así porque, en cumplimiento con la ley de emergencia dictada, y sin perjuicio de suspender por un plazo determinado la elaboración de la nueva fórmula de movilidad las prestaciones, el PEN ha otorgado incrementos trimestrales (Dtos. 163 y 495/2020) en las prestaciones de la clase pasiva y en la actualidad, se ha dado por finiquitado el plazo con el dictado por parte del Honorable Congreso de la Nación con el dictado de la ley 27.609."

Además, el tribunal reproduce y aplica la doctrina de la Corte Suprema: "La ley 27.426 -vigente desde el 29 de diciembre de 2017-, no vulneró un derecho adquirido por los beneficiarios pues, para ese entonces, el derecho a obtener o percibir el aumento de la ley anterior aún no había nacido -recién se devengaría en marzo de 2018- ni se contaba con los elementos necesarios para ello, dado que no se había completado el semestre al que hacía referencia la ley 26.417 para el cálculo de las variaciones necesarias para obtener el coeficiente de reajuste a aplicar."

¿Cómo votaron los jueces?

No se registra disidencia; el fallo es de un juez de primera instancia.

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