ALONSO, GERARDO JAVIER c/ EN - M SEGURIDAD - PFA s/PERSONAL MILITAR Y CIVIL DE LAS FFAA Y DE SEG

¿Quién es el actor?

Alonso, Gerardo Javier.

¿A quién se demanda?

Estado Nacional – Ministerio de Seguridad – Policía Federal Argentina.

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Ejecución de la sentencia y cobro de sumas reconocidas (liquidación definitiva del crédito y sus intereses); específicamente, intimación para depósito de intereses aprobados.

¿Qué se resolvió?

Se rechazó el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada y se confirmó la resolución de primera instancia que intimó a depositar las sumas correspondientes al actor –intereses– bajo apercibimiento de ejecución. Con costas en el orden causado.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

"Del artículo 22 de la ley 23.982 surge que '…el Poder Ejecutivo nacional deberá comunicar al Congreso de la Nación todos los reconocimientos administrativos o judiciales firmes de obligaciones de causa o título posterior al 1 de abril de 1991 que carezcan de créditos presupuestarios para su cancelación en la ley de presupuesto del año siguiente al del reconocimiento. El acreedor estará legitimado para solicitar la ejecución judicial de su crédito a partir de la clausura del período de sesiones ordinario del Congreso de la Nación en el que debería haberse tratado la ley de presupuesto que contuviese el crédito presupuestario respectivo'."

"En el artículo 170 de la ley 11.672 (T.O. 2014), se establece que 'Los pronunciamientos judiciales que condenen al Estado nacional ... serán satisfechos dentro de las autorizaciones para efectuar gastos contenidas en las distintas jurisdicciones y entidades del presupuesto general de la administración nacional, sin perjuicio del mantenimiento del régimen establecido por las leyes 23.982 y 25.344. En el caso de que el presupuesto correspondiente al ejercicio financiero en que la condena deba ser atendida carezca de crédito presupuestario suficiente para satisfacerla, el Poder Ejecutivo nacional deberá efectuar las previsiones necesarias a fin de su inclusión en el ejercicio siguiente...'."

"De conformidad con lo establecido en el artículo 22 de la Ley Nº 23.982 y el artículo 170 de la Ley Nº 11.672 ..., ante la falta de crédito presupuestario suficiente en el ejercicio en el que corresponde satisfacer el pago, el Poder Ejecutivo debe arbitrar las medidas necesarias para su inclusión en el ejercicio siguiente; es decir, se le confiere al Estado Nacional la prerrogativa de diferir por única vez el pago de la condena ... Ahora bien, no se sigue de dicho régimen especial de ejecución que, durante ese tiempo que se le otorga al Estado para cumplir con la condena, no corran los intereses fijados en la sentencia."

"En la especie, la liquidación definitiva del crédito ... fue aprobada el 14/3/2023 ... y fue notificada a la demandada el 31/3/2023 ... Así las cosas, ... su pago debió haber sido previsto en el presupuesto correspondiente al ejercicio financiero de 2024. ... Por lo tanto, aun en ese supuesto, debieron efectuarse las previsiones necesarias para atender el crédito en el ejercicio de 2025. En tales condiciones, dado que la demandada no satisfizo la condena dentro de los plazos previstos en los artículos 22 de la Ley Nº 23.982 y 170 de la Ley Nº 11.672 (t.o. 2014), cabe concluir que, desde el inicio del año 2026, la parte actora se encuentra habilitada para promover la ejecución forzada de su crédito, con los intereses establecidos en la sentencia hasta el efectivo pago."

¿Cómo votaron los jueces?

No se registra disidencia en la parte resolutiva final; la decisión consta como acordada por los Dres. Treacy, Fernández y Morán.