FERNANDEZ, CHRISTIAN ANIBAL Y OTROS c/ SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD s/AMPARO POR MORA

¿Quién es el actor?

Christian Aníbal Fernández, en su carácter de apoderado del Sindicato para Empleados del Ingenio Leales, el Sindicato de Empleados Azucareros de Santa Lucía, el Sindicato de Empleados de la Industria Azucarera Ingenio La Florida y el Sindicato de Empleados del Ingenio Aguilares (integrantes de la FEIA).

¿A quién se demanda?

Superintendencia de Servicios de Salud.

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Amparo por mora para que la Superintendencia de Servicios de Salud dicte el acto administrativo pertinente y garantice la intervención urgente de la Obra Social del Personal de la Industria Azucarera (OSPIA), expediente N° EX205-132869847-APN-SG#SSS, en los términos del art. 27 inc. 3 de la Ley N° 23.660 y art. 5 de la Resolución SSS N° 951/2025.

¿Qué se resolvió?

La Cámara dirimió el conflicto negativo de competencia y atribuyó el conocimiento de la causa al Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 5, ordenando que su titular reasuma la jurisdicción que había declinado. Se instruyó notificar a la parte actora y al Fiscal General, librar oficio al Juzgado Civil y Comercial Federal N° 6 y, oportunamente, girar los autos al Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 5.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

“Para la determinación de la competencia corresponde atender, de modo principal, al relato de los hechos que la parte actora hace en su demanda y, después, sólo en la medida en que se adecue a ellos, al derecho que invoca como fundamento de su pretensión, pues los primeros animan al segundo y, por ello, son el único sustento de los sentidos jurídicos particulares que les fuesen atribuibles (confr. Fallos: 329:2796; 330:147, 628 y 811, entre otros) […]” (dictamen del Fiscal General, fs. 56/60).

“teniendo en cuenta la competencia asignada al fuero Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal para conocer en los recursos directos interpuestos contra la sanción de intervención (cfr. artículo 29 de la Ley N° 23.660), corresponde aplicar la reiterada doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que establece que ‘…[l]as normas que atribuyen competencia a determinados tribunales para entender en ciertas materias cuando de recursos se trata, son indicativas de una especialización que el ordenamiento les reconoce y que constituye relevante circunstancia a tener en cuenta cuando esos mismos temas son objeto de una demanda, a falta de disposiciones legales que impongan una atribución distinta…’ (Fallos: 312:986; 313:542; 315:1830 entre otros)”.

Disposición decisoria final: “Dirimir el conflicto de competencia negativo suscitado en el sentido de atribuir el conocimiento de la causa al Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 5, debiendo su titular reasumir la jurisdicción que declinó.”