GRANDI ANA c/ TOYOTA PLAN ARGENTINA S.A. s/ PROCESOS DE CONSUMO
La actora promovió acción de consumo por demora en la entrega de vehículo, reclamo de multa contractual y daño moral. La Cámara confirmó la sentencia de grado que condenó a Toyota Plan Argentina S.A. al pago de $4.258.525,18 (más intereses), rechazando los agravios sobre dies a quo, base de cálculo de la multa y monto del daño moral.
¿Quién es el actor?
Sra. Ana Grandi.
¿A quién se demanda?
Toyota Plan Argentina S.A. de Ahorro para Fines Determinados.
¿Cuál es el objeto del reclamo?
Reclamo por mora en la entrega de un vehículo adjudicado, liquidación de la multa contractual prevista en el art. 9 del contrato de adhesión (saldo de multa) y daño moral; se discutieron también plazo adicional por cambio de modelo y valor móvil aplicable.
¿Qué se resolvió?
Se rechazó el recurso de apelación de Toyota; se confirmó íntegramente la sentencia de primera instancia n° 3.396 del 22/12/2025 que condenó a la demandada al pago total de $4.258.525,18 (compuesto por $3.258.525,18 por saldo de multa y $1.000.000 por daño moral) más intereses; costas de Alzada a la apelante; reserva sobre honorarios.
¿Cuáles son los fundamentos principales?
"Es preciso anticipar que la queja no puede prosperar. Para así decidir, cabe señalar que la recurrente no demuestra de qué modo el pronunciamiento apelado equivoca su razonamiento al fijar como punto de partida del plazo el día 24/10/2023, esto es, la fecha en la que la Sra. Grandi dio cumplimiento a la totalidad de los requisitos que el art. 9 de las Condiciones Generales pone a su cargo. En efecto, ninguna cláusula del contrato de adhesión supedita el inicio del cómputo a una aprobación, validación o cualquier otro acto interno de la administradora, que escapa por completo al control del consumidor y que resulta, por su propia naturaleza, ajeno a su voluntad. Adoptar el criterio que propone la apelante importaría dejar librado el comienzo del plazo de una obligación tan esencial para la operatoria del contrato de ahorro previo -la entrega del vehículo adjudicado- a un acto que dependa exclusiva y unilateralmente de la contraparte, colocando de tal modo al consumidor en una manifiesta situación de desventaja, contraria al principio protectorio consagrado en el art. 42 de la Constitución Nacional y receptado en los arts. 1.094 y 1.095 del CCCN."
"El agravio no puede tener acogida favorable. Cabe recordar que el propio texto del art. 9 del contrato de adhesión dispone que los intereses que componen la multa “se aplicarán sobre el valor vigente del Automotor Tipo por el término transcurrido desde la fecha en la que hubiere correspondido su entrega hasta la de su efectivización”. De la lectura integral de la cláusula se desprende, entonces, que la locución “valor vigente” no puede sino referir al valor que rige al momento en que efectivamente se calcula y liquida la multa, esto es, una vez producida la entrega del bien, en tanto es recién en esa oportunidad en la que puede determinarse con precisión el período de mora y, con ello, la base sobre la cual corresponde aplicar los intereses moratorios pactados."
"El agravio así planteado tampoco puede prosperar. Cabe recordar que, en el ámbito de las relaciones de consumo, y en especial ante supuestos de incumplimientos contractuales agravados por la falta de trato digno hacia el consumidor, como ocurre en el caso, en el que, además de la demora en la entrega del vehículo, medió un pago parcial y tardío de la multa contractualmente prevista, sin explicación alguna a la consumidora sobre el modo en que se practicó su liquidación, la jurisprudencia es conteste en admitir que al daño moral se lo tiene por acreditado con la sola comprobación de la materialidad de los hechos lesivos, sin que resulte exigible al consumidor una prueba directa -psicológica o de otra naturaleza- de su padecimiento espiritual. Exigir tal extremo importaría un rigorismo formal que contraría el principio protectorio consagrado en el art. 1.094 del CCCN y el trato digno que el art. 8 bis de la LDC impone a todo proveedor."
(Voto de la mayoría: Dra. Laura A. David; adhiere el Dr. Álvaro Zamorano. No se registran disidencias.)
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Normas que cita
- Ley 24.240arts. 3, 8 bis · Defensa del consumidor
- Constitución Nacionalart. 42 · Constitucion nacional
- CCyCNarts. 9, 987, 988 inc. b, 1094, 1095, 1740, 1741 · Codigo civil y comercial de la nacion
- CPCCT (Tucuman)arts. 61, 62
- Ley 9924 (Tucuman)art. 25
Fallos que cita
- Saus Álvaro Miguel vs. Volkswagen S.A. de Ahorros para Fines Determinados s/ Procesos de ConsumoCAMARA CIVIL Y COMERCIAL COMUN DE TUCUMAN SALA I · 11/05/2026
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