PARTIDO INTRANSIGENTE PROVINCIA DE BUENOS AIRES C/ MUNICIPALIDAD DE BENITO JUAREZ S/ MEDIDAS CAUTELARES (TRABA/LEVANTAMIENTO)

¿Quién es el actor?

Partido Intransigente Provincia de Buenos Aires.

¿A quién se demanda?

Municipalidad de Benito Juárez.

¿Cuál es el objeto del reclamo?

interdicto de retener respecto de dos lotes (Partida 6.422) donde funciona la sede del Partido; se reclama cesar actos de amenaza de perturbación y/o perturbación en la relación real del partido con el inmueble (actos administrativos de usucapión, intento de donación a APADEA, cambio de titularidad del servicio eléctrico, cortes y citaciones a ocupantes).

¿Qué se resolvió?

La Cámara de Apelación hizo lugar al recurso de apelación del Partido Intransigente, dejó sin efecto la sentencia apelada (de 29/12/25 que había rechazado la demanda), admitió el interdicto de retener promovido y condenó a la Municipalidad de Benito Juárez a cesar en sus actos de amenaza de perturbación y/o perturbación sobre el inmueble, bajo apercibimiento de fijar sanciones conminatorias. Impuso costas de ambas instancias a la demandada y diferió la regulación de honorarios.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

"Ello pues, encuentro que la sumatoria de los siguientes actos sucesivamente perpetrados por el Municipio accionado, efectivamente consolidan una situación jurídica de amenaza de perturbación (e incluso, algunos de ellos, como se verá, la efectiva perturbación) en la relación real del partido accionante; lo que constituye una situación merecedora de la debida protección jurídica; a saber: i) El inicio y tramitación por el Poder ejecutivo Municipal del Exp. 'O' 38/2018, sin notificación y sustanciación con su público e histórico poseedor o tenedor, el Partido Intransigente; ni adecuada publicidad (dada la publicación de edictos con la sola mención de la nomenclatura catastral, sin consignarse dirección del inmueble ni titulares registrales); siendo que se trataba de un expediente administrativo en el que el Intendente Municipal declaró la prescripción adquisitiva a favor del Municipio, del inmueble que constituye la sede del partido político actor (Decreto 245/19, del 14/2/19)."

"Frente a ello, hago notar que cuando el Estado no solo pone en marcha actuaciones administrativas tendientes a obtener el reconocimiento del derecho real de dominio al que se entiende con derecho; sino que, obtenido tal reconocimiento, se dispone -medida cautelar de no innovar mediante-, a ejercitar efectivamente las facultades inherentes a aquél derecho real (entre ellas, la de transmitirlo), es evidente que la cuestión, a diferencia de lo entendido en la instancia anterior, ha comenzado a exceder el plano dogmático de la sola 'disputa de derecho', para adentrarse, de modo inminente, en el plano material y concreto del efectivo ejercicio de las potestades de hecho, inherentes a la relación real. En el caso, ello se torna evidente a poco que se repara en que, a la perseguida aprobación del proyecto de donación, necesariamente le hubiera seguido el despojo del bien a sus actuales poseedores (tal hubiera sido, en efecto, el compromiso asumido por el Municipio); faena para la cual, el Municipio hubiera contado, incluso, con el inmediato auxilio de la fuerza pública. Así es que, no lo dudo, el estado de amenaza configurado era, y aún es, real, palpable y efectivo (arts. 1, 2, 3, 1931 CCCN; art. 384 CPCC)."

"vii) Finalmente, encuentro como actos de evidente perturbación -ya no solo de amenaza-, la posterior gestión por la Municipalidad de la baja del servicio de energía eléctrica, y la consecuente extracción por la Cooperativa del respectivo medidor de energía; eventos denunciados en autos por el partido accionante con fecha 18/8/22. Vale destacar que la referida solicitud de baja fue expresamente reconocida por la Municipalidad accionada en su contestación de agravios del 3/10/23, cuando expresó, sin más, que 'lo único que hizo esta parte fue dar de baja el suministro de energía eléctrica brindado por la Cooperativa de consumo de electricidad de Juárez Ltda.' (sic). Asimismo, cabe recordar que dichos actos materiales, culminaron en el dictado por esta Sala de la sentencia interlocutoria del 10/9/24, que, revocando su anterior de primera instancia del 30/8/22, consideró vulnerada por el Municipio la medida cautelar de no innovar, y ordenó el restablecimiento del servicio de energía eléctrica."

¿Cómo votaron los jueces?

La sentencia fue adoptada por unanimidad de los tres jueces (Longobardi, García Etchegoyen y Peralta Reyes), y el bloque dispositivo final confirma el acuerdo mayoritario.

Fechas y montos relevantes: demanda promovida 18/12/19; primera sentencia que rechazó la demanda dictada 29/12/25; apelación interpuesta 4/2/26; sentencia de Cámara dictada 5/11/26; sentencia interlocutoria previa del 10/9/24 ordenó restablecimiento del servicio. Se impusieron costas a la Municipalidad; regulación de honorarios diferida (arts. 31 y 51 Ley 14.927). No se consignan montos indemnizatorios específicos en el decisorio.