VILLALBA RAMON c/ PREFECTURA NAVAL ARGENTINA Y OTROS s/PERSONAL MILITAR Y CIVIL DE LAS FFAA Y DE SEG

¿Quién es el actor?

Ramón Villalba, en su carácter de personal retirado de la Prefectura Naval Argentina.

¿A quién se demanda?

Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la Policía Federal (y también comparece la Prefectura Naval Argentina).

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Se pidió declarar la inconstitucionalidad del art. 2º de la Ley 23.186 que elevó el aporte de retiro del personal de la Prefectura Naval del 8% al 11%, ordenar el cese de la detracción y el reintegro de sumas indebidamente retenidas por los períodos no prescriptos con sus intereses.

¿Qué se resolvió?

Se rechazó la demanda contra la Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la Policía Federal; se impusieron las costas en el orden causado y se regularon honorarios de la dirección letrada del actor en 4 UMAs ($432.020,00).

¿Cuáles son los fundamentos principales?

"Asimismo, cabe destacar que la Ley 22.613 regula el régimen de aportes previsionales para el personal de la Prefectura Naval Argentina y, en su art. 2º, establece: 'Fijase el descuento del ocho por ciento (8 %) en carácter de aporte personal sobre los haberes de retiro, pensiones y jubilaciones del personal de pasividad de la Prefectura Naval Argentina.' A su vez, este porcentaje, resultó elevado al 11% por la Ley 23.186."

"En dicho pronunciamiento, el Máximo Tribunal destacó, en cuanto al planteo de inconstitucionalidad del Decreto-Ley 22.788, que '…la modificación de una norma por otra posterior de igual jerarquía no da lugar a cuestión constitucional, pues nadie tiene derecho adquirido al mantenimiento de leyes o reglamentos, ni a su inalterabilidad (Fallos: 315:839; 327:5002; 338:757), más aún cuando la imposición de dicha carga se sustenta en razones de interés colectivo y manifiesto carácter asistencial, sin que se advierta que vulnere los derechos superiores invocados.' Asimismo, ponderó que '…la imposición de aportes con posterioridad a la obtención de un beneficio se justifica en la existencia de una necesidad pública y encuentra fundamento suficiente en una norma de rango constitucional –art. 14 bis-, para cuyo cumplimiento se recurre al principio de solidaridad social…'."

"La declaración de inconstitucionalidad de una norma legal es un acto de suma gravedad institucional que debe ser considerado como la última ratio del orden jurídico, y sólo estimada viable si su irrazonabilidad es evidente (Fallos 323:2409)."

Conclusión decisoria: "Por todo lo expuesto, ... no se encuentra acreditada la inconstitucionalidad cuya declaración se solicita, por lo que no cabe mas que rechazar la demanda incoada en autos."

¿Cómo votaron los jueces?

No consta voto en disidencia; la resolución es firmada por el juez de primera instancia y la parte resolutiva final es la aquí transcripta.