ESPOSITO BEATRIZ ANGELA c/ ANSES s/REAJUSTES VARIOS

¿Quién es el actor?

Esposito Beatriz Ángela.

¿A quién se demanda?

Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Reclamo de reajuste por movilidad de la prestación previsional (Ley 24.241), declaración de inconstitucionalidad de normas (Ley 27.426, Ley 27.541, decretos 163/2020, 495/2020, 542/2020, 692/2020, 899/2020 y otros) y pago de diferencias retroactivas, actualización, intereses, más costas; pedido de aplicación de criterio de CSJN en precedente “García, María Isabel c/ AFIP” y excluír descuentos por impuesto a las ganancias.

¿Qué se resolvió?

Se rechazó la demanda interpuesta contra ANSES; se impusieron las costas por su orden; y se regularon honorarios de la letrada de la parte actora en 5 UMAs (equivalentes a $540.025,00 al día de la fecha), sin contemplar honorarios para la demandada.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

1) “La ley 27.426, al modificar los índices previstos por la Ley 26.417 y aplicarlos sobre los haberes correspondientes a los meses de julio a diciembre de 2017, legisla retroactivamente, en tanto modifica índices correspondientes a períodos ya transcurridos; no se observa que tal circunstancia genere al beneficiario una lesión en su derecho de propiedad. En efecto, su derecho al reajuste del haber, hubiese quedado recién incorporado a su patrimonio en el mes de marzo de 2018, momento en que la nueva ley ya se encontraba vigente.”

2) “Con el dictado de las Leyes Nº 27.426 y 27.541 no resulta menoscabo de la propiedad protegida por el artículo 17 de la Constitución Nacional, porque no hay violación cuando por razones de necesidad se sanciona una norma que no prive a los particulares de los beneficios patrimoniales legítimamente reconocidos, ni les niega su propiedad y sólo limita temporalmente la percepción de tales beneficios o restringe el uso que pueda hacerse de esa propiedad.”

3) “A la luz de lo reseñado, y ante la carencia de indicadores adecuados que permitan llegar a la convicción de la falta de razonabilidad de los preceptos en crisis, no se configura en el caso el agravio constitucional que justificaría admitir la demanda. En este orden, resulta insuficiente para tener por demostrada la lesión constitucional invocada el argumento de la suspensión de la movilidad.”

Otras consideraciones relevantes: Se declaró que quejas sobre topes legales, redeterminación del haber inicial y actualización de la PBU estaban alcanzadas por cosa juzgada por sentencias previas firmes; y se señaló que los refuerzos previsionales y exclusiones dispuestas por el legislador no configuran, en el expediente, una afectación manifiesta del derecho a la movilidad. No hubo votos en disidencia expresados en el texto.