ESQUIVEL JUAN BAUTISTA c/ PREFECTURA NAVAL ARGENTINA Y OTROS s/PERSONAL MILITAR Y CIVIL DE LAS FFAA Y DE SEG

¿Quién es el actor?

Esquivel Juan Bautista, en su carácter de personal retirado/pensionado de la Prefectura Naval Argentina.

¿A quién se demanda?

Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la Policía Federal (con intervención de la Prefectura Naval Argentina).

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Se solicitó declarar la inconstitucionalidad del aumento del aporte de retiro previsto por el art. 2º de la Ley 23.186 (elevar del 8% al 11%), ordenar el cese de la detracción y el reintegro de las sumas indebidamente retenidas (períodos no prescritos) con más intereses.

¿Qué se resolvió?

Se rechazó la demanda interpuesta contra la Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la Policía Federal; se impusieron las costas en el orden causado; y se regularon honorarios de la dirección letrada de la parte actora en 4 UMAs ($432.020), sin perjuicio de lo previsto para la parte demandada por la ley 27.423.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

"En dicho pronunciamiento, el Máximo Tribunal destacó, en cuanto al planteo de inconstitucionalidad del Decreto-Ley 22.788, que '…con relación a los agravios que se dirigen a cuestionar la validez del aporte personal fijado por la ley 22.788 con fundamento en que hasta el dictado de esa norma los retirados y pensionados de la Gendarmería Nacional no estaban obligados a realizarlo, resulta de aplicación la doctrina de este Tribunal según la cual la modificación de una norma por otra posterior de igual jerarquía no da lugar a cuestión constitucional, pues nadie tiene derecho adquirido al mantenimiento de leyes o reglamentos, ni a su inalterabilidad (Fallos: 315:839; 327:5002; 338:757), más aún cuando la imposición de dicha carga se sustenta en razones de interés colectivo y manifiesto carácter asistencial, sin que se advierta que vulnere los derechos superiores invocados.' Asimismo, ponderó que '…la imposición de aportes con posterioridad a la obtención de un beneficio se justifica en la existencia de una necesidad pública y encuentra fundamento suficiente en una norma de rango constitucional –art. 14 bis-, para cuyo cumplimiento se recurre al principio de solidaridad social…'."

"La declaración de inconstitucionalidad de una norma legal es un acto de suma gravedad institucional que debe ser considerado como la última ratio del orden jurídico, y sólo estimada viable si su irrazonabilidad es evidente (Fallos 323:2409). El Máximo Tribunal de la República, al respecto, ha establecido que no basta la simple afirmación de que una norma o cuerpo normativo son contrarios a la Constitución Nacional, sino que es preciso demostrar la lesión alegada razonadamente y con relación a las concretas circunstancias de la causa (Fallos 252:328; 258:255: 276:303 y 274:423, entre otros)."

"Por todo lo expuesto, RESUELVO: 1) Rechazar la demanda incoada en autos; 2) Imponer las costas en el orden causado (art. 68, 2do. párrafo, del C.P.C.C.N.); 3) Regular los honorarios...".

¿Cómo votaron los jueces?

No se registran votos en disidencia en la resolución; la sentencia es de un juez de primera instancia.