ALVEZ, JUAN FRANCISCO c/ CONSULTORA GM S.R.L. Y OTROS s/DESPIDO

¿Quién es el actor?

Juan Francisco Alvez.

¿A quién se demanda?

Consultora GM S.R.L. y otros (Ariel Ricardo Palopoli; Juan Pablo Palopoli; Mariano Luis Palopoli; Romina Lucía Palopoli).

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Reclamo por despido (despido indirecto comunicado el 3/12/2020) y prestaciones e indemnizaciones laborales (arts. 232, 233, 245 LCT; rubros proporcionales; incremento DNU 34/2019; ley 25.323; art. 80 LCT; indemnización por registración inferior - ley 24.013).

¿Qué se resolvió?

La Cámara modificó la sentencia de grado incrementando el capital de condena a $1.836.843,92 (con accesorios según lo dispuesto en la instancia anterior), dejó sin efecto la regulación de honorarios de grado y la fijó conforme al considerando XIII, impuso las costas de Alzada a los codemandados vencidos y reguló los emolumentos de Alzada en el 30% de lo actuado en la instancia anterior.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

"En tal sentido, corresponde revocar este aspecto del pronunciamiento y admitir la indemnización prevista en el art. 10 de la ley 24.013 por la suma de $237.500, resultante de aplicar el 25% sobre la porción de la remuneración abonada fuera de registro —$10.000 mensuales— durante los 95 meses computados por la propia parte actora al practicar la liquidación, período que resulta coincidente con la fecha de ingreso del 2/1/2013 tenida por acreditada y la fecha de extinción del vínculo ($10.000 x 95 x 25%). De tal modo, el capital nominal de condena deberá elevarse de $1.599.343,92 a $1.836.843,92."

"El art. 2 de la ley 25.323, vigente al momento en que se configuraron los presupuestos que dieron origen al crédito, establecía un incremento del 50% de las indemnizaciones previstas en los arts. 232, 233 y 245 de la LCT cuando, mediando intimación fehaciente del trabajador, el empleador no las abonara... En tales condiciones, no advierto la existencia de circunstancias que permitan considerar justificada la conducta de la empleadora en los términos previstos por el segundo párrafo del art. 2 de la ley 25.323, por lo que corresponde confirmar lo decidido en grado sobre el particular."

"La registración de los trabajadores y de las remuneraciones efectivamente abonadas integra las obligaciones legales que deben ser observadas en la gestión de la sociedad y, cuando se acredita que quien ejercía su administración tuvo intervención en una práctica destinada a sustraer una porción del salario de los registros laborales y previsionales, se configura una conducta personal susceptible de comprometer su responsabilidad en los términos de los arts. 59, 157 y 274 de la LGS..."

¿Cómo votaron los jueces?

No se registra disidencia en el acuerdo; ambos votos (Dra. García Vior y Dr. Sudera) adhieren al resultado.