Ortega, Carlos Miguel c/Provincia de Buenos Aires s/Inconstitucionalidad arts. 29 y 30, ley 12.874, 27 y 28, ley 13.002

¿Quién es el actor?

Carlos Miguel Ortega, por apoderado.

¿A quién se demanda?

Provincia de Buenos Aires (Asesoría General de Gobierno/Instituto de Previsión Social).

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Declaración de inconstitucionalidad de los arts. 29 inc. "a" y 30 inc. "a" de la ley 12.874 (Presupuesto 2002) y 27 y 28 inc. "a" de la ley 13.002 (Presupuesto 2003), por haber impuesto un tope de $4.500 al haber jubilatorio del actor y suspendido el pago del sueldo anual complementario; restitución de las sumas retenidas con actualización e intereses y costas.

¿Qué se resolvió?

Se hace lugar a la demanda; se declara la inconstitucionalidad e inaplicabilidad respecto del actor de las normas impugnadas; se condena a la Provincia de Buenos Aires a restituir la totalidad de las sumas retenidas con intereses desde el devengamiento hasta el pago y a abonar la liquidación dentro de los 60 días. Por mayoría, la Provincia queda eximida del pago de costas.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

"Por lo expuesto, corresponde declarar la inconstitucionalidad de los arts. 29 inc. 'a' y 30 inc. 'a' de la ley 12.874 y 27 y 28 inc. 'a' de la ley 13.002 y su inaplicabilidad al demandante.

Se condena a la demandada a restituir la totalidad de las sumas retenidas con más un interés que se calculará desde el devengamiento de cada uno de los períodos y hasta el pago efectivo, a la tasa que paga el Banco de la Provincia de Buenos Aires en las operaciones a treinta días, vigente en los distintos lapsos temporales de aplicación y hasta el pago efectivo (arts. 7 y 10 de la ley 23.982, texto según ley 25.561, coincidente en ambas redacciones en sus contenidos; 622, Cód. Civil y 5º de la ley 25.561).

La suma resultante de la liquidación que de acuerdo a las pautas indicadas se practique, deberá abonarse dentro de los 60 días (art. 163 inc. 7º, C.P.C.C.)."

"Las normas aludidas no han diferido el pago de los importes descontados al demandante." (fundamento fáctico sobre la merma: $1.688,12)

Fundamento constitucional y jurisprudencial: "Tal restricción a los derechos del accionante ¿encuentra justificación en la situación de emergencia económica y financiera declarada por la ley 12.727? Ésta es la cuestión a decidir en el pleito." Se expone la necesidad de control judicial de las medidas de emergencia, la protección de los fondos previsionales como patrimonio afectado de los afiliados, y la garantía de proporcionalidad entre haberes de actividad y pasividad (art. 14 bis, art. 17 C.N.), remarcando: "La normativa cuestionada ... implican una mutación en la esencia de los adquiridos por el actor, por lo que resultan violatorios del derecho de propiedad consagrado en los arts. 17 de la Constitución nacional y 11 y 31 de la Carta Magna provincial."

Sobre costas (resumen de la división): el voto mayoritario eximió a la Provincia del pago de costas fundado en el allanamiento considerado real, incondicionado y oportuno (art. 70 CPC), mientras que dos votos (Abud; y adherentes parciales) propusieron imponer costas a la demandada por haber obligado al actor a litigar; la decisión final por mayoría fue eximirlas.

(Se consignan como relevantes los votos concordantes que integran la mayoría: Abud, Compagnucci de Caso, Pérez Duhalde, Bernardinelli, Borean, Messina, y la sentencia final cuyo dispositivo manda.)