Sassi, Nilda Beatriz contra Caja Previsión Social y Seguro Médico-Provincia de Buenos Aires. Demanda contencioso administrativa

¿Quién es el actor?

Nilda Beatriz Sassi.

¿A quién se demanda?

Caja de Previsión y Seguro Médico de la Provincia de Buenos Aires.

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Anulación de la resolución administrativa que reconoció a Nilda Josefina Pérez el 50% de la pensión por fallecimiento del Dr. Arturo Carlos Varano y acrecentamiento del beneficio a favor de la actora hasta el 100%, con más intereses, costas y costos.

¿Qué se resolvió?

Se rechazó la demanda. Se confirmaron las resoluciones administrativas que otorgaron a la coadyuvante Pérez el 50% de la pensión, por entender acreditada la convivencia en aparente matrimonio por más de cinco años y, además, probado el aporte alimentario respecto de la actora, sin que aquélla acreditara el vicio alegado.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

"La ley 12.207 en su art. 55 establece que los causahabientes con derecho a pensión son -en lo que aquí interesa- la viuda en concurrencia con la persona que hubiere vivido públicamente y en aparente matrimonio con el causante, durante un mínimo de cinco años inmediatamente anteriores al deceso, cuando el fallecido se encontrare divorciado o separado de hecho. Además establece que el conviviente excluirá al cónyuge supérstite en el goce de la pensión, excepto que el causante hubiere estado contribuyendo al pago de los alimentos. En estos supuestos el beneficio se otorgará al cónyuge y al conviviente en partes iguales."

"Por lo expuesto, la actora no ha podido probar la falta de cumplimiento del requisito de la antigüedad exigida por la norma para que la señora Pérez pudiera acceder al beneficio pensionario, no logrado acreditar vicio alguno en la resolución atacada."

Además, la sentencia pondera la prueba administrativa y judicial previa que reconoció la convivencia: testamento ológrafo, informes sumarios, incorporación a seguros y declaraciones testimoniales que ubicaron la convivencia con anterioridad a los cinco años exigidos; y distingue la sentencia laboral invocada por la actora por ser de distinta naturaleza procesal y probatoria.