Márquez, Marisa Gabriela contra Ambiente S.A. Cobro de salarios

¿Quién es el actor?

Marisa Gabriela Márquez.

¿A quién se demanda?

Ambiente S.A.

¿Cuál es el objeto del reclamo?

pago de salarios e indemnizaciones laborales —en especial, la indemnización prevista en el art. 80 LCT, resarcimientos por art. 212 (cuarto párrafo) y art. 2 ley 25.323, y la actualización/indexación de montos frente a la prohibición prevista en arts. 7 y 10 ley 23.928 conforme art. 4 ley 25.561—; además, impugnación de la limitación de costas (arts. 277 LCT y 730 CCyC).

¿Qué se resolvió?

Por mayoría, la Suprema Corte rechazó el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto por la actora, imponiendo costas (art. 289, CPCC), y dejó firme lo resuelto en la instancia de grado respecto de la condena parcial (se confirmó el pago por art. 80 LCT y la entrega de certificación de servicios; se rechazaron los rubros fundados en art. 212 cuarto párrafo LCT, art. 2 ley 25.323 y el planteo de inconstitucionalidad de las normas que prohíben la indexación).

¿Cuáles son los fundamentos principales?

"El recurso no prospera.

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La competencia revisora de esta Suprema Corte queda circunscripta a verificar si lo resuelto en autos contradice la doctrina legal, hipótesis que se configura cuando este Tribunal ha establecido la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo recurrido la trasgrede en un caso similar (causas L. 121.387, 'Monti' ...).

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Con lo expuesto, ha de quedar firme lo resuelto en torno a la indemnización reclamada al amparo del art. 212 de la Ley de Contrato de Trabajo, y también lo decidido respecto del resarcimiento previsto en el art. 2 de la ley 25.323, aspecto este último sobre el cual -más allá de cierta mención en la pieza recursiva- no se desarrolla agravio atendible alguno.

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En lo vinculado con la crítica por la que se cuestiona el rechazo al planteo de inconstitucionalidad de los arts. 7 y 10 de la ley 23.928 (conf. art. 4, ley 25.561), debe liminarmente aclararse que no escapa del acotado marco de conocimiento por el que tramita el recurso en examen.

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Por último, toca abordar el cuestionamiento relacionado con la aplicación por parte del tribunal de grado de los arts. 277 de la Ley de Contrato de Trabajo y 730 del Código Civil y Comercial de la Nación y su doctrina. Tampoco aquí la suerte de la impugnante ha de variar.

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En virtud de lo expuesto, el recurso debe ser rechazado, con costas (art. 289, CPCC)."

¿Cómo votaron los jueces?

el voto mayoritario y el dispositivo final rechazaron el recurso; las adhesiones de las/los demás jueces se consignan en el acuerdo (Kogan adhiere y aporta consideraciones sobre carácter federal del planteo de inconstitucionalidad; Torres, Genoud y Carral adhieren a los fundamentos de Soria con los alcances indicados).