Caballero, Andrés Gastón contra Ministerio de Seguridad sobre Pretensión anulatoria. Recurso Extraordinario de Inaplicabilidad de Ley.

¿Quién es el actor?

Andrés Gastón Caballero.

¿A quién se demanda?

Ministerio de Seguridad.

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Nulidad de la resolución 1.644/15 y reconocimiento del derecho a percibir el subsidio previsto por el decreto 861/99 y la ley 13.985; liquidación del subsidio con base en lo que percibe un Teniente Primero "por todo concepto" desde el accidente (23/01/2009) hasta la entrada en vigencia de la ley 13.985 (1/1/2010) y, a partir de 1/1/2010, tomando como base lo que por todo concepto perciba un Teniente Primero con la antigüedad mínima.

¿Qué se resolvió?

Se rechazó el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto por la demandada, confirmando la solución que reconoció el subsidio y ordenó su liquidación incluyendo rubros como antigüedad, riesgo profesional y gastos de mantenimiento de uniforme; costas a la recurrente vencida.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

"III. El recurso no prospera.

III.1. El tema principal en debate ha sido objeto de tratamiento por este Tribunal en casos sustancialmente análogos al sub lite, lo que resulta suficiente para dar respuesta al presente (art. 31 bis, ley 5.827, modif. por su similar 13.812).

En efecto, en el juicio L. 84.498, "C., A. y otros" (sent. de 14-X-2009), y en fallos posteriores, tales como los recaídos en las causas B. 63.730, "Vandamme" (sent. de 18-IV-2011); L. 110.774, "A., E. E. y otros" (sent. de 15-X-2014); A. 71.426, "Rodríguez" (sent. de 10-VIII-2016); A. 72.573, "Espeche" (sent. de 18-IV-2018); A. 74.199, "Galeano" (sent. de 6-V-2019) y L. 120.561, "Blanco de Castro" (sent. de 11-IX-2019), y, más recientemente, causas L. 119.756, "Goitea" (sent. de 10-VIII-2020); A. 75.480, "Melgarejo" (sent. de 23-XI-2020) y A. 75.633, "Abraham" (sent. de 25-XI-2020), esta Corte estimó admisible que se acumulara la indemnización prevista en el régimen laboral (ley 24.557) con el beneficio dispuesto en el régimen estatutario en el supuesto de que el personal policial resulte herido en acto de servicio.

Además, el art. 10 del decreto 149/10, que reglamenta la ley 13.985 invocada por el recurrente, si bien establece que la percepción del subsidio previsto en la ley es "...incompatible con otro de la misma naturaleza", seguidamente aclara que no resulta "...excluyente de indemnizaciones contempladas en la legislación vigente".

La mentada previsión -ausente en el antiguo régimen del decreto ley 9.550/80- pone en crisis los argumentos del recurrente, quien por otro lado no ha desplegado ninguna reflexión sobre el pasaje antes transcripto del precepto en cuestión. Esto último termina de sellar desfavorablemente la suerte del recurso respecto de este tópico.

III.2. Por otro lado, la parcela del recurso en el que el recurrente se agravia en forma subsidiaria de que se incorporen a la base de cálculo los rubros de antigüedad, riesgo profesional y gastos de mantenimiento por no hallarse incluidos en el art. 3 del decreto 149/10 también debe ser rechazada.

En primer término, es dable indicar que en la pieza recursiva ni siquiera se denuncian violadas las normas específicamente actuadas por el órgano jurisdiccional de grado en orden a justificar el exceso reglamentario, lo cual pone al desnudo la insuficiencia de este embate (conf. causas C. 89.114, "Basso", sent. de 6-IX-2006; C. 98.045, "Mendieta", sent. de 23-IV-2008; A. 75.282, "Bustos", sent. de 25-XI-2020; e.o.).

Sin perjuicio de lo antes expuesto, es dable apuntar que la representación fiscal -luego de efectuar alegaciones muy generales sobre el margen de maniobra que tiene el reglamento para definir los aspectos de implementación de la ley- sostiene que el decreto 149/10 ha dejado "...fuera de la base de cálculo del beneficio rubros vinculados con la antigüedad, riesgo profesional y gastos por mantenimiento de uniforme" pues "...suponen la consideración concreta de una situación especial e inherente al desempeño de cada agente que revista en el servicio activo, lo cual no corresponde extender o usar como parámetro, en forma general e impersonal, para compensar las pérdidas sufridas por otros agentes a raíz de un accidente de servicio".

Empero, cabe reparar que la sentencia de primera instancia -cuyos fundamentos fueron compartidos por el a quo- comenzó destacando "...el carácter fijo, uniforme y objetivo que tiene el subsidio" y que, por eso, la "...ley lo fija en relación con un cargo para su equiparación y nada más que a los fines de darle movilidad y actualización a los montos", sin que requiera una constante reglamentación.

Sobre esta base se indicó, y en lo que hace al rubro antigüedad, que resultaba prudente computar al respecto el "...mínimo requerido para acceder al cargo de Teniente Primero" -esto es, dieciséis (16) años- expresándose en dicho fallo que ello era a los fines de "objetivar" y "generalizar" la compensación, en una definición que no ha sido frontalmente rebatida por el recurrente.

Por lo demás, cabe añadir que las sumas otorgadas al personal policial por gastos de mantenimiento de uniforme (dec. 86/97, vigente al momento de sufrir las heridas) se determinaban en una suma fija según el cargo en el que se desempeñaban los agentes policiales y sin necesidad de efectuar una rendición de cuentas particularizada (v., en similar sentido, el régimen posterior del dec. 713/14), mientras que, en la misma línea, el suplemento por "riesgo profesional" se calcula en un porcentaje invariable del sueldo básico de los respectivos cargos que integran los subescalafones Comando y General (art. 61, inc. "a", dec. 1.050/09).

Las circunstancias antes apuntadas dejan sin sustento la principal tesis del recurrente, ya que no es posible sostener que la exclusión de esos tres rubros por el decreto 149/10 responda a las razones esbozadas en el recurso, esto es, porque ellos obedezcan a "...la consideración concreta de una situación especial e inherente al desempeño de cada agente que revista en el servicio activo".

De tal forma, comparto las conclusiones de la sentencia atacada en punto a que ha existido un exceso reglamentario del decreto 149/10 al efectuar la antedicha limitación frente a las previsiones de la ley 13.985 que, en forma terminante, establece que el subsidio ha de ser equivalente al haber que "por todo concepto" percibe un Teniente Primero (conf. art. 144, inc. 2, Const. prov.)."

¿Cómo votaron los jueces?

Unanimidad (Pettigiani, Torres, Kogan y Soria votaron por la negativa).

Montos/fechas relevantes: accidente 23/01/2009; vigencia ley 13.985 desde 01/01/2010; resolución administrativa impugnada 1.644/15; referencia a decretos 861/99, 149/10, y 86/97.