Galli, Eduardo P. c/ Provincia de Buenos Aires s/ Inconstitucionalidad ley 12.727, 13.002

¿Quién es el actor?

Eduardo Pedro Galli y otros (ocho actores) promovieron demanda originaria por inconstitucionalidad.

¿A quién se demanda?

Provincia de Buenos Aires.

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Declaración de inconstitucionalidad de los arts. 1, 2, 6, 15 (segundo párrafo); 16 de la ley 12.727 y su planilla anexa; decreto 1465/2002; ley 13.002; decreto 2023/2001, por disminución de retribuciones brutas de agentes públicos activos y pasivos (I.P.S.), violación de derechos constitucionales (movilidad previsional, propiedad, igualdad, derechos alimentarios) y restitución de haberes retenidos con actualización e intereses.

¿Qué se resolvió?

Por mayoría se hace lugar parcialmente a la demanda: declara la inconstitucionalidad del art. 15 de la ley 12.727 y la inaplicabilidad de dicho art. y su planilla anexa a la situación de los actores; condena a la Provincia a restituir importes retenidos en los haberes entre el 23/07/2003 y el 31/12/2003 (salvo que ya los hubieran percibido por decreto 2698/2005), más intereses según la tasa que pague el Banco de la Provincia de Buenos Aires en depósitos a 30 días, y fija plazo de pago dentro de los 60 días de quedar firme la sentencia; impone costas en el orden causado; rechaza la petición de actualización monetaria de las sumas.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

1) Sobre la imposibilidad de "actualización" reclamada:

"En cuanto al pedido de la parte actora tendiente a la actualización monetaria de las sumas que correspondan liquidar a su favor, no cabe sino su rechazo.

En efecto, este Tribunal ha sostenido reiteradamente que de admitirse la 'actualización', 'reajuste' o 'indexación' de los créditos se quebrantaría la prohibición contenida en el art. 7 de la ley 23.928 (conf. Ac. 68.567, sent. del 27-IV-1999), doctrina plenamente aplicable en la especie en atención al mantenimiento de tal precepto luego del abandono de la paridad cambiaria dispuesta por la ley 25.561 (causas B. 49.193 bis, 'Fabiano', sent. int. del 2-X-2002; Ac. 88.502, 'Latessa', sent. del 31-VIII-2005 y B. 64.606, 'Di Benedetto', sent. del 3-IX-2008, entre otras; Fallos 333:447, 'Massolo')."

2) Dispositivo principal (final):

"Por los fundamentos expuestos, por mayoría, en la causa I. 2312, 'Asociación de Empleados de la Dirección de Rentas e Inmobiliaria (A.E.R.I.) contra Provincia de Buenos Aires sobre Inconstitucionalidad Ley 12.727 y decreto 2023/01. Demanda de Inconstitucionalidad', oído el señor Subprocurador General, se hace lugar parcialmente a la demanda entablada, declarándose la inconstitucionalidad del art. 15 de la ley 12.727 y su inaplicabilidad -al igual que la de su planilla anexa- a la situación de los señores Eduardo Pedro Galli, Alberto González, Eduardo María Tufillaro, Roberto Zeipune, Angel Oscar Forgia, Carlos Alberto Silva, Osvaldo Pereiro y Alba Haydée Pendola y condenándose a la demandada a restituir los importes retenidos en los haberes entre el 23 de julio de 2003 y hasta el 31 de diciembre de 2003 -en tanto no los hubieren percibido en virtud del decreto 2698/2005- (arts. 5, 14, 14 bis, 17, 28, 33, 43 y concs., Constitución nacional; 1, 10, 20, 31, 57 y concs., Constitución provincial).

A dichos importes, deberá adicionársele el correspondiente a los intereses, que se calcularán, desde cada uno de los períodos en que se hubieren devengado y hasta el efectivo pago, de acuerdo a la tasa que pague el Banco de la Provincia de Buenos Aires en los depósitos a treinta días vigente en los distintos períodos de aplicación.

El importe que resulte de la liquidación que con tales pautas se practique, deberá abonarse dentro de los sesenta días de quedar firme la presente (conf. art. 163 inc. 7, C.P.C.C.).

Las costas se imponen en el orden causado (art. 68, 2° párrafo del C.P.C.C.)."

¿Cómo votaron los jueces?

La decisión fue adoptada por mayoría; todos los jueces (Kogan, Negri, Hitters, de Lázzari, Domínguez, Celesia y Mancini) remiten a los fundamentos del precedente I.2312 y concurren con la solución indicada. No se registra en el dispositivo una solución distinta que prevalezca sobre el acuerdo.