Gómez, Luis Ernesto c/Cervecería y Maltería Quilmes S.A.I.C.A. y C. s/Indemnización por despido incausado y otros

¿Quién es el actor?

Luis Ernesto Gomez.

¿A quién se demanda?

Cervecería y Maltería Quilmes S.A.I.C.A. y G.

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Indemnizaciones por despido incausado (antigüedad, sustitutiva del preaviso, y otras previstas en leyes 25.323 y 25.561), y se peticionó la actualización de los importes de condena por depreciación monetaria; además se discutió la legitimación pasiva y la citación en garantía de Antártida Compañía Argentina de Seguros S.A.

¿Qué se resolvió?

La Suprema Corte hizo lugar parcialmente al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto por la demandada; revocó la parte de la sentencia de grado que declaró inconstitucionales los arts. 7 y 10 de la ley 23.928 (y el art. 4 de la ley 25.561 y ap. 3° del art. 4 del decreto 71/2002) y ordenó nueva liquidación sin actualización indexatoria. Confirmó en lo demás la sentencia de primera instancia. Readecuó las costas de la instancia ordinaria: 75% a cargo de la demandada y 25% al actor. Costas de esta instancia en el orden causado.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

"En la instancia de grado se asentó la invalidez constitucional en la situación actual que vive nuestro país con la consecuente depreciación de nuestro signo monetario (sent., fs. 549/550 vta.). Empero, no se corroboró -con apego a la prueba producida conforme las circunstancias de la causa- el supuesto perjuicio alegado por la impugnante del régimen nominalista.

Así, el prudente y motivado escrutinio que es dable esperar en un pronunciamiento sobre la constitucionalidad de una norma ha estado ausente en el fallo atacado, por lo que no cabe otra acción que su total descalificación en esta instancia casatoria."

"Corresponde entonces revocar este tramo de la sentencia en cuanto decretó la inconstitucionalidad de las citadas normas y dispuso la actualización de los importes de condena en clara transgresión a la doctrina de esta Corte. En la instancia de grado, deberá practicarse nueva liquidación conforme lo que aquí se decide."

Sobre la prohibición indexatoria y la doctrina aplicable:

"La ley 25.561... en su art. 4º estableció la nueva redacción de los arts. 7 y 10 de la ley 23.928, determinando así -concerniente a la primera de dichas normas- que el deudor de una obligación de dar una suma determinada de pesos cumple su obligación dando el día de su vencimiento la cantidad nominalmente expresada. En ningún caso se admitirá actualización monetaria, indexación por precios, variación de costos o repotenciación de deudas, cualquiera fuere su causa, haya o no mora del deudor, con las salvedades previstas en la presente ley."

Cita de precedentes y alcance del control jurisdiccional:

"La prohibición de indexar impuesta en las leyes federales aludidas ... procura evitar que el alza de los precios relativos ... contribuya de manera inercial a acelerar las alzas generalizadas de precios. Por tal motivo, la recomposición de la pérdida del valor adquisitivo ha de darse sector por sector y caso por caso... la conveniencia del criterio elegido por el legislador no está sujeta a revisión judicial, salvo que sea arbitrario o irrazonable, extremo no alegado ni demostrado en el caso."

Sobre inadmisibilidad del agravio respecto de la calificación de la relación laboral:

"El cuestionamiento resulta inadmisible. Ello, en tanto pretende estructurarse, de un lado, en la denuncia de absurdo en la apreciación de los escritos constitutivos de la litis y las circunstancias fácticas de la causa, y del otro, en la alegada transgresión al principio de congruencia; tópicos que exceden el acotado margen por el que transita el recurso."

Dispositivo principal:

"Se hace lugar parcialmente al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, y se revoca la sentencia impugnada en cuanto en ella se declaró la inconstitucionalidad de los arts. 4 de la ley 25.561, 7 y 10 de la ley 23.928 y se dispuso actualizar el importe de condena. Las costas de la instancia ordinaria se imponen en un 75% a cargo de la demandada, y el 25% restante al actor. Las de esta instancia, por su orden... Vuelvan los autos al tribunal de origen para que proceda de conformidad a lo que aquí se ha resuelto."