LABO LILIAN ALEJANDRA Y OTRO c/ MINISTERIO DE SEGURIDAD Y OTRO s/PERSONAL MILITAR Y CIVIL DE LAS FFAA Y DE SEG

¿Quién es el actor?

LABO LILIAN ALEJANDRA Y OTRO.

¿A quién se demanda?

MINISTERIO DE SEGURIDAD y otros (incluida la Caja de Retiros Jubilaciones y Pensiones de la Policía Federal).

¿Cuál es el objeto del reclamo?

petición de declaración de inconstitucionalidad del Decreto 679/97 y subsecuente cese de los descuentos practicados en los haberes de retiro en concepto de aportes.

¿Qué se resolvió?

La Cámara confirmó la sentencia apelada en lo que decide y ha sido materia de agravios; impuso las costas de Alzada a la demandada vencida; reguló honorarios para la representación letrada de la actora en un 30% de lo que corresponda en la instancia anterior, más IVA si corresponde; y devolvió las actuaciones al juzgado de origen.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

"Ahora bien, si bien esta Sala ha sentado su postura sosteniendo la validez constitucional tanto del Decreto-Ley 22.788 como del Decreto 679/97, no puede soslayarse que la Corte Suprema de Justicia de la Nación recientemente se ha pronunciado sobre las normas cuestionadas en autos “Pino, Seberino y otros c/Estado Nacional - M° del Interior s/personal militar y civil de las FFAA y de Seg.”, sentencia de 7 de octubre de 2021."

"Con relación a la Ley 22.788 sostuvo de forma unánime que resultaba de aplicación la doctrina del Máximo Tribunal según la cual la modificación de una norma por otra posterior de la misma jerarquía no daba lugar a cuestión constitucional, puesto que nadie tiene un derecho adquirido al mantenimiento de leyes o reglamentos, ni a su inalterabilidad, máxime cuando la imposición de dicha carga se sustenta en razones de interés colectivo y manifiesto carácter asistencial, y no vulnera derechos superiores invocados."

"A distinta solución arribó la Corte Suprema en lo concerniente al Decreto 679/97; por mayoría sostuvo que los fundamentos expresados por el Poder Ejecutivo Nacional para justificar la aplicación del art. 99, inc. 3, de la Constitución Nacional revelaban en realidad la voluntad de modificar de forma permanente el sistema previsional de la Gendarmería Nacional con el dictado del decreto impugnado. En tales condiciones, conforme las pautas fijadas en el caso “Verrocchi” (Fallos: 322:1726), no se encontraban satisfechos los recaudos constitucionales para el ejercicio legítimo por parte del Presidente de la Nación de las excepcionales facultades legislativas que, en principio, le son ajenas."

No se registra voto en disidencia en la parte dispositiva; la decisión sigue la aplicación de la doctrina suprema expuesta en el fallo "Pino, Seberino y otros".