Recurso de Inconstitucionalidad interpuesto en expte. C-130.607/2019 (Tribunal del Trabajo -Sala I- Vocalía 1) Despido: QUISPE, ARACELI SILVANA MICAELA c/ SERVICIOS PROFESIONALES DE SALUD SRL

¿Quién es el actor?

Quispe, Araceli Silvana Micaela (actora/trabajadora).

¿A quién se demanda?

Servicios Profesionales de Salud SRL (representada por Dr. Oscar F. de J. Gutiérrez).

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Pretensión por despido (despido indirecto/indemnizaciones y diferencias salariales) y demás rubros laborales (indemnización por antigüedad, preaviso, SAC, integración del mes de despido, vacaciones no gozadas, art. 2 ley 25323, art. 80 LCT, art. 8 ley 24013, diferencias salariales julio/2017–marzo/2018, intereses y costas).

¿Qué se resolvió?

Se rechazó el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la demandada; se regulan honorarios de los letrados de la instancia en $96.211 y $67.348; costas a la recurrente.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

"Esta Corte tiene reiteradamente expresado que la aplicación de la legislación laboral por los tribunales del fuero, así como lo atinente a la modalidad de la relación laboral o su ruptura, remiten al examen de cuestiones de hecho, prueba y derecho común cuyo conocimiento, como regla, está reservado a los jueces de la causa y no es susceptible de recurso extraordinario porque, en virtud del principio de inmediación que preside el proceso oral, sólo los jueces que integran el tribunal de mérito se encuentran en condiciones de apreciar las pruebas rendidas en su presencia, con mayor razón cuando en nuestro sistema no se registra de ningún otro modo el resultado de las audiencias de vista de causa (cfr. LA 45, Nº 108; entre muchos otros)."

"Por otra parte, el vicio de arbitrariedad con alcance para descalificar un fallo debe ser grave, tiene que probarse y solo puede predicarse respecto de las sentencias que presentan omisiones o desaciertos que las descalifiquen como pronunciamiento judicial, lo que no advierto ocurra en este caso."

"En cuanto al agravio referido a la imposición de la multa del art. 80 de la LCT, es cierto que el emplazamiento se realizó en la misma comunicación en que se extinguió la relación laboral, sin embargo ello no obsta a la procedencia de la sanción en este caso porque el empleador negó la existencia del vínculo de empleo... cuando el empleador niega los requerimientos efectuados por su dependiente resulta evidente que no cumplirá con las obligaciones de la LCT, por lo que no se justifica obligar al trabajador a esperar el cumplimiento del plazo señalado (LA 4, Nº 149)."

¿Cómo votaron los jueces?

Voto mayoritario integrado por Dres. Bernal, Meyer y Otaola; Bernal expuso los fundamentos; Meyer adhirió a la decisión principal y propuso la regulación final de honorarios que integra el dispositivo, al que adhiere Otaola. No hay disidencia que modifique lo resuelto.