Recurso de inconstitucionalidad interpuesto en Expte. Nº D-008.639/2014 (Tribunal del Trabajo - Sala IV - Vocalía 10) Despido. “Arce Jorge Jesús c/ Jaramillo MAricel; Jaramillo Héctor; Jaramillo Miriam Marina; Corralón Santa Rosa Sociedad de Hecho

¿Quién es el actor?

Dr. Manuel Enrique Vivas, en representación de Jorge Jesús Arce (parte actora).

¿A quién se demanda?

Demandados: Marisel Jaramillo; Héctor Jaramillo; Miriam Marina Jaramillo; Corralón Santa Rosa Sociedad de Hecho (codemandados en la causa de origen). Además la Dra. María Inés Calderón interpuso recurso en representación de la Sra. Marisel Jaramillo.

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Reclamación laboral por despido (despido indirecto sin justa causa), con pedido de rubros indemnizatorios: indemnización art. 245 LCT, preaviso art. 232 LCT, vacaciones no gozadas, art. 80 LCT, art. 2 ley 25.323, art. 15 ley 24.013, diferencias de haberes, etc. En instancia de inconstitucionalidad se cuestionan valoración de prueba, continuidad de la relación laboral pese a telegrama/despido y la cuantía de diferencias salariales determinada por pericia contable.

¿Qué se resolvió?

La Sala IV de la Suprema Corte:

I) No hizo lugar al recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la codemandada (Dra. M. I. Calderón en representación de M. Jaramillo).

II) Hizo lugar al recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el actor (Dr. M. E. Vivas en representación de J. J. Arce) en cuanto la sentencia de grado desestimó, sin motivación suficiente, la pericia contable respecto del rubro “diferencias salariales”, y remitió autos al tribunal de origen para que se pronuncie fundadamente sobre la cuantía de ese rubro. Se impusieron costas a la parte codemandada vencida y se difirió la regulación de honorarios.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

Transcripción de los párrafos más relevantes del decisorio (texto original):

"En efecto, respecto al recurso planteado por la codemandada, cabe decir que la mera reiteración de posiciones defensivas ya opuestas -y ya resueltas- en la anterior instancia, no constituye una fundamentación bastante a la hora de cumplimentar la carga recursiva que implica justificar acabadamente la arbitrariedad que se endilga a la sentencia recurrida.

La codemandada recurrente insiste esencialmente con: a) la supuesta validez e irrevocabilidad del distracto laboral según su posición, b) con el encuadre convencional y, c) consecuentemente con la aplicación errónea de la ley 24.013. No ha abordado concretamente, sin embargo, cuál es especialmente la arbitrariedad en lo resuelto por el tribunal de grado precisamente sobre esos puntos. Pues no se ha cuestionado el hecho de que se tuvo por probado que el actor continuó en relación de dependencia, prestando su fuerza de trabajo en el ámbito de actividad comercial del corralón bajo el nombre “Santa Rosa”, cuya administración (según se reconoce en el propio recurso) siguió en cabeza de la parte recurrente. De donde tampoco luce una absurdidad manifiesta en la aplicación del artículo 15 de la ley 24.013. Igual suerte corre el agravio sobre el encuadramiento convencional; desde que la sola alegación de una equivocada apreciación de la prueba sin más, esto es sin rebatir los puntos tratados puntualmente en la sentencia que se intentan dejar sin efecto, no alcanza a llenar el criterio de la arbitrariedad. Porque, como es sabido, la arbitrariedad constituye algo distinto de una interpretación equivocada de la ley o de la prueba, es dejar de lado la ley o prescindir sin más de la prueba. Si la sentencia es suficientemente fundada, sin prescindir ni de la ley ni de la prueba, cualquiera sea la apreciación que realicen las partes respecto a su acierto o error, es insusceptible de la tacha de arbitrariedad.

Ahora bien, en relación al recurso de la parte actora, compartiendo el dictamen previo, cabe observar que efectivamente la sentencia ha dejado de lado, sin dar motivos, un punto relevante de la prueba pericial contable rendida en autos. Así, en dicha prueba surge que el rubro “diferencias salariales” arroja un monto superior al que ha tomado en cuenta el tribunal de grado. En tanto y en cuanto no es posible advertir el criterio que ha llevado a apartarse de dicha opinión pericial, luce el decisorio en este punto una falta de fundamentación mínima. Ya que si la producción de prueba significativa (pericia) para la parte actora había arrojado un punto relevante, conducente y favorable a su pretensión, su desestimación parcial requiere una razón. Dejando a salvo, por supuesto, que dicha razón puede justificar plenamente el apartamiento en virtud de la sana crítica racional. Pero, en todo caso, ello debe estar expresado en el decisorio.

Por lo expuesto, corresponde, por un lado, rechazar el recurso de inconstitucionalidad deducido por la Dra. María Inés Calderón, en representación de la Sra. Marisel Jaramillo; y por otro, cabe hacer lugar al recurso planteado por el Dr. Manuel Enrique Vivas, en representación de Jorge Jesús Arce, por tanto, vuelvan los autos al tribunal de origen para que se pronuncie fundadamente sobre la cuantía del monto correspondiente al rubro “diferencias salariales"."

(Se consignan además los fundamentos relativos a admisibilidad y regla general sobre alcance del recurso de inconstitucionalidad.)

¿Cómo votaron los jueces?

El Dr. Ekel Meyer expuso el voto que contiene los fundamentos arriba transcritos; la Dra. María Silvia Bernal y el Dr. Federico F. Otaola adhirieron a la solución propiciada. El bloque dispositivo final confirma la mayoría unánime indicada.