Recurso de Inconstitucionalidad interpuesto en Expte. C-76/2023 (Cámara de Apelaciones y Control - Vocalía 1) C., A. N. p.s.a. Lesiones Graves agravadas por el Vínculo y Lesiones Leves agravadas por el Vínculo ambas concursadas realmente. Ciudad
La defensa interpuso Recurso de Inconstitucionalidad solicitando el sobreseimiento de A.N.C. por supuestas nulidades y vulneración del derecho de defensa. La Sala II -Penal- rechazó el recurso, confirmó la elevación a juicio dispuesta por la Cámara y aplicó corrección disciplinaria a la abogada por las imputaciones dirigidas a magistrados y funcionarios.
¿Quién es el actor?
Dra. Mariana Vargas en ejercicio de la defensa técnica de A. N. C. (recurrente).
¿A quién se demanda?
Decisión de la Cámara de Apelaciones y Control (y, en su pronunciamiento, jueces y Agente Fiscal intervinientes en la causa).
¿Cuál es el objeto del reclamo?
Recurso de Inconstitucionalidad solicitando el sobreseimiento de A.N.C., subsidiariamente la modificación de la calificación legal y nulidades (recusaciones, nulidad de actuación en Cámara Gesell y del informe médico legal, incapacidad/defectos de la denuncia por padecimiento psiquiátrico de la denunciante).
¿Qué se resolvió?
Se rechazó el Recurso de Inconstitucionalidad; se tuvo presente la reserva del caso federal; se aplicó corrección disciplinaria de Prevención a la Dra. Mariana Vargas; se exhortó al Agente Fiscal y al Magistrado para sustanciar el proceso con perspectiva de género; se regularon honorarios a favor de la recurrente por $116.813 a cargo de su defendida; se confirmó la decisión de la Cámara del 10/10/2023 que rechazó el recurso de apelación y confirmó la elevación a juicio.
¿Cuáles son los fundamentos principales?
II.- Como punto de partida, es dable precisar que la resolución en crisis no reviste el carácter de sentencia definitiva ni resulta equiparable a tal, requisito exigido para la procedencia del Recurso de Inconstitucionalidad (conf. Art. 472 C.P.Penal, Ley 5623).
En más de una ocasión, la Corte Federal ha reconocido que las decisiones que admiten o deniegan nulidades, o cuya consecuencia sólo implica para el imputado la de continuar sometido a proceso criminal, no reúnen la característica de definitividad antes señalada (Fallos: 310:1486, 328:1874, 330:4549, entre muchos otros) ni ocasionan agravio de imposible o insuficiente reparación ulterior (Fallos: 298:408, entre otros).
No obstante ello, en tanto la Sra. Defensora alega la transgresión al Derecho de Defensa y a la garantía del Juez Natural, se impone abordar los planteos de nulidad insistentemente promovidos por su parte toda vez que tales extremos podrían constituir una cuestión federal.
Dichos aspectos, necesariamente deben ser considerados por los Superiores Tribunales Provinciales, pues tal omisión se erigiría en un obstáculo para que la Corte Federal -eventualmente- pueda ejercer adecuadamente su competencia apelada (CSJN, 3629/2014/RH1 “Vila”; 07/08/2018).
IV.- Párrafo aparte merecen las expresiones vertidas por la Dra. Mariana Vargas en el recurso que nos ocupa, en tanto las mismas contienen ofensivas acusaciones dirigidas contra Magistrados y Funcionarios de las distintas instancias que han intervenido en la presente causa, las que -a criterio de la suscripta- no pueden pasar inadvertidas para esta Sala Penal.
Tal proceder se traduce en un inaceptable desborde de palabra, demostrativo -a las claras- que la recurrente no ha conservado el umbral del equilibrio y la mesura que han de presidir la conducta de todos los sujetos que participan en el proceso (Fallos 331:2283).
Por ello, considero pertinente aplicar a la profesional nombrada la corrección disciplinaria de Prevención (arts. 15, 17 Inc. 1º y 18 Inc. 1º, Ley 4.055 y sus modificatorias) a los fines de evitar -a futuro- la reiteración de la conducta descripta, supuesto en el cual se aplicarán sanciones más severas.
De igual modo, se impone exhortar al Sr. Agente Fiscal y al Magistrado intervinientes la sustanciación del proceso con perspectiva de género, situación que involucra el cumplimiento de las instrucciones del Ministerio Público de la Acusación, Acordadas y Protocolos aplicables al caso -que fueran mencionados párrafos anteriores- en cumplimiento de las obligaciones convencionalmente asumidas por el Estado Argentino.
¿Cómo votaron los jueces?
El voto que propone la solución fue el de la Dra. Lamas González; los Dres. Bernal y Otaola adhieren. El dispositivo final es unánime en el resultado indicado.
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Normas que cita
- Ley 6112 (Jujuy)arts. 32, 17, 20, 26, 34
- Ley 5623 (Jujuy)arts. 472, 79
- Acordada 86/2020 (Jujuy)
- Acordada 111/2022 (Jujuy)
- Acordada 4/2023 (Jujuy)
- CParts. 241, 242 · Codigo penal
- CPP (Jujuy)arts. 362, 379
- Ley 4055 (Jujuy)arts. 15, 17, 18
- Ley 26061Ley de proteccion integral de los derechos de las niñas, niños y adolescentes
- Ley 26485Ley de proteccion integral a las mujeres
- Ley 5288 (Jujuy)
- Ley 5738 (Jujuy)
- Acordada 142/09 (Jujuy)
- Acordada 200/2012 (Jujuy)
- Resolución 10/2016 (Ministerio Público de la Acusación) (Jujuy)
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