D-022264/2017 DESPIDO: CHOQUE, SERGIO RUBEN y otros C/ BOND, MARGARITA BEATRIZ
Los trabajadores promovieron demanda por despido (despido indirecto) reclamando indemnizaciones por incorrecta registración y dación de tareas. La Cámara de Apelaciones del Trabajo rechazó la apelación de la empleadora y confirmó la sentencia de primera instancia, validando la valoración testimonial, la aplicabilidad del índice RIPTE para actualizar el capital y la regulación de costas y honorarios.
¿Quién es el actor?
Choque, Sergio Rubén y otros (trabajadores).
¿A quién se demanda?
Bond, Margarita Beatriz (empleadora; representada por la Dra. María Agustina Otaola).
¿Cuál es el objeto del reclamo?
Reclamo por despido (despido indirecto) y condenas indemnizatorias derivadas de deficiente registración y falta de dación de tareas; impugnación de la liquidación (cálculo de montos, aplicación de RIPTE, anatocismo, aplicación de normas como Ley 23.928, DNU 70/2023, art.12 LRT y Decreto 669/19); impugnación de los honorarios regulados.
¿Qué se resolvió?
Se rechazó el recurso de apelación interpuesto por la representación de la empleadora y se confirmó en todos sus términos la sentencia de fecha 15/05/2024 y su aclaratoria de fecha 28/05/2024. Se impusieron las costas a la recurrente y se regularon los honorarios de los Dres. Esteban N. Corte y María A. Otaola en $2.287.168,00 y $1.601.017,00 respectivamente (deben agregarse IVA de corresponder).
¿Cuáles son los fundamentos principales?
Transcripción de los párrafos más relevantes del fallo (texto original):
"II.- Entrando al análisis del recurso, considero que la primera queja referida a la valoración de la prueba que realiza la jueza de grado, al dar preminencia a las declaraciones testimoniales rendidas en audiencia de vista de causa mediante las cuales tiene por probado que la fecha de ingreso de los actores es anterior a la fecha de registración y por ende la deficiente registración, como así también la falta de dación de tareas y considera que dichas injurias son lo suficientemente graves para que los actores se hayan puesto en situación de despido indirecto, no debe prosperar; ya que del expediente surge que los trabajadores intimaron a la empleadora a regularizar su situación bajo apercibimiento de considerarse despedidos, e hicieron efectivo dicho apercibimiento, de acuerdo al intercambio epistolar agregado como prueba a fs. 11/20; por lo que deviene innecesaria la valoración de las cartas documento obrante a fs. 11, 13 y 16, ya que por las mismas se rechazan anteriores intimaciones y se intima a los trabajadores a presentarse a trabajar, para posteriormente estos configurar un despido indirecto, entre otras razones, por incorrecta registración. Así las cosas, reitero, el análisis de dichas misivas deviene en totalmente intrascendente, revelando la queja formulada por la recurrente, meras discrepancias con los fundamentos dados por la juez a-quo, careciendo de argumentos suficientes que permitan modificar los resuelto."
"III.3.- Por ello lo resuelto por la Juez a-quo sobre la aplicación del RIPTE al capital originario, está acorde con la postura asumida por ésta Cámara de Apelaciones del Trabajo según los argumentos dados precedentemente y por ser dicho índice, el que tiene en consideración la evolución de los salarios sujetos a aportes del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) de los trabajadores con una antigüedad de 13 meses o más."
"VIII.- Por las razones expuestas, me pronuncio por el rechazo del recurso de apelación deducido por la Dra. María Agustina Otaola, en representación de la Sra. Margarita Beatriz Bond mediante escrito digital Nº 1267147, confirmándose en todas sus partes la sentencia de fecha 15 de mayo de 2024 y su aclaratoria de fecha 28 de mayo de 2024 dictadas por la Vocalía Unipersonal Nº 10 de la Sala IV del Tribunal del Trabajo. Las costas se imponen a la apelante que resultó vencida, por aplicación del principio general en la materia (arts. 128 del CPC y 1 de la LPT), regulándose los honorarios profesionales correspondientes a esta instancia -tomándose como base lo que debe fijarse en primera instancia y a ello se le aplica un 25% actualizado a la fecha (art. 54 Ley 6368)- para los Dres. Esteban Nicolás Corte y María Agustina Otaola en las sumas de PESOS DOS MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL CIENTO SESENTA Y OCHO ($ 2.287.168,00) y PESOS UN MILLON SEISCIENTOS UN MIL DIECISIETE ($ 1.601.017,00) respectivamente, de acuerdo a lo previsto por los arts. 1, 16, 17, 29, 54, y ccs. de la ley 6368. Dichas sumas se encuentran vigentes a la fecha, por lo que sólo en caso de mora devengarán los intereses de ley; debiendo agregarse I.V.A. de corresponder."
¿Cómo votaron los jueces?
Ambos jueces de la Sala I (Dr. Alejandro Domínguez y Dra. Amalia Inés Montes) coincidieron y acordaron el rechazo del recurso (no se registran disidencias).
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Normas que cita
- Ley 23.928art. 7 · Convertibilidad del austral
- CCyCNart. 770 · Codigo civil y comercial de la nacion
- Decreto 70/2023art. 84
- Ley 24.557art. 12 · Ley de riesgos del trabajo
- Decreto 669/19
- Ley 6112 (Jujuy)
- Ley 6368 (Jujuy)arts. 1, 16, 17, 29, 54
- Ley 27.467art. 17 · Presupuesto nacional año 2019
- Ley 27.591art. 57 · Presupuesto administracion nacional
- Ley 27.574art. 21 · Ley de defensa de los activos del fondo de garantia de sustentabilidad
- Constitución Nacionalarts. 14 bis, 17 · Constitucion nacional
- Consenso Fiscal (ley 27.429)arts. II.a, II.b
Fallos que cita
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