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Tribunal Superior

LENCINA ADOLFO NICOLAS c/ CASTILLO S.A.C.I.F.I.A. s/ COBRO DE PESOS

El actor demandó por despido sin causa y reclamó indemnizaciones y penalidades derivadas de la Ley 25.561 y la Ley 25.323. La Corte rechazó el recurso de casación de la demandada, confirmó la validez del régimen de emergencia (incluido el DNU 369/04) y la aplicación de la penalidad prevista en el art. 2 de la Ley 25.323.

Fecha de la sentencia
Tribunal
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA - Sala Laboral y Contencioso Administrativo (TUCUMAN)
Fuero
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA - Sala Laboral y Contencioso Administrativo
Jurisdicción
Local · Tucuman
Expediente
27346
Costas Retroactividad Despido sin causa Ley 25.561 85 Casacion laboral Ley 25.323 art. 2 Dnu 369/04 Penalidad indemnizatoria Convalidacion por ley 25.972 Monto $14.049

¿Quién es el actor?

Adolfo Nicolás Lencina.

¿A quién se demanda?

Castillo S.A.C.I.F.I.A.

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Despido sin causa (acontecido el 01/04/2004), indemnizaciones legales y penalidades por la duplicación indemnizatoria prevista en la Ley 25.561 y la aplicación del art. 2 de la Ley 25.323.

¿Qué se resolvió?

La Corte NO HACE LUGAR al recurso de casación planteado por la demandada y confirma la sentencia de la Cámara que hizo lugar a la demanda, condenando a la accionada al pago de $14.049,85; además rechazó las alegaciones de inconstitucionalidad respecto del DNU 369/04 y confirmó la aplicación de la penalidad del art. 2 de la Ley 25.323. Costas a cargo de la demandada.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

"Tal criterio donde se ha admitido la constitucionalidad del régimen de emergencia, ha sido reiterado recientemente en diversos pronunciamientos de este Tribunal (CSJTuc., sentencia Nº 47 'Bazán, José Ricardo vs. Décima Daniel Humberto s/ Indemnizaciones', del 27/02/2007; sentencia Nº 121 'Gauna, Manuel Exequiel vs. Gebal S.A. s/ Despido', del 12/3/2007; sentencia Nº 329 'Ladetto, Dino Luis vs. Citrusvil s/ Cobro de pesos', del 07/5/2007; sentencia Nº 706 'Carrazana, Ariel Roberto vs. Castillo S.A.C.I.F.IA. s/ Despido', del 06/8/2007; sentencia Nº 817 'Corbalán, José Gerardo vs. Aconquija Televisora Satelital s/ Cobro de pesos', del 23/8/2007).

Es decir, esta Corte en numerosos precedentes, confirmó la constitucionalidad -entre los que se encontraba el Dcto. N° 369/04- del régimen de emergencia que dispuso las prórrogas de los despidos sin causa justificada y el sistema indemnizatorio estipulado en los mismos."

"Por tales motivos, es coherente y razonable con el bloque de disposiciones normativas de emergencia mencionadas, la retroactividad estipulada en el artículo 2 del Dcto. N° 369, emitido por el P.E.N. el 30/3/2004, que estipula que entrará en vigencia la prórroga de los suspensión de los despidos a partir del 01/4/2004, es decir, solo 24 horas después de vencido el término fijado en el Dcto. N° 1351/2003 y que fue publicado el 02/4/2004 (B.O. 02/4/2004 -ADLA 2004-B-, 1565). Considero que es la interpretación que logra una armonización de las normativas en examen con su ratio iuris, lo que hace que sus disposiciones sean examinadas de forma integral y congruente, impidiendo obstaculizar la eficacia del ejercicio del poder de policía de emergencia del Estado, para el cumplimiento de sus fines beneficiosos para toda la comunidad. Estas razones convencen que el agravio expuesto por el recurrente con respecto a este tema debe ser rechazado, lo que así se decide."

"La sentencia señala que es de aplicación el art. 2 de la Ley N° 25.323 por cuanto el demandado no abonó al trabajador perjudicado el doble de la indemnización que le correspondía de conformidad a la legislación vigente, art. 16 Ley 25.561 y decretos de prórroga sobre duplicación de las indemnizaciones (fs. 206 vta.). Es decir, que para el decisorio impugnado -y contrariamente a lo sostenido por el recurrente-, se han dado los elementos legales para la aplicación de ambas normas y se remite -esencialmente- a que la demandada no abonó al actor la penalidad estipulada en el artículo 16 de la Ley 25.561 y los decretos de prorroga emitidos por el P.E.N.. Por otro lado, cabe señalar que el actor intimó a la accionada por el término de 48 horas para que proceda a abonar las indemnizaciones de ley, con lo que cumple con la exigencia del art. 2 de la ley 25.323 (cfr. telegrama de fs. 164, 165 y 166). ... Por tales motivos se rechaza este agravio y, consecuentemente, en su totalidad el recurso de casación incoado por la accionada."

¿Cómo votaron los jueces?

Unanimidad de los tres vocales (Estofán preopinante; Goane y Sbdar adhieren).

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