ALVAREZ MIGUEL ANGEL c/ ORTUBE MARIA BEATRIZ Y POPULART s/ COBRO DE PESOS

¿Quién es el actor?

Sr. Miguel Ángel Álvarez, DNI 10.552.762.

¿A quién se demanda?

María Beatriz Ortube (demandada principal) y la Caja Popular de Ahorros de la Provincia de Tucumán (co-demandada).

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Cobro de pesos por rubros laborales derivados de despido (indemnización por antigüedad, preaviso, SAC, integración, vacaciones proporcionales, mes trabajado, multas art. 80 LCT, indemnizaciones Ley 25.323, etc.).

¿Qué se resolvió?

Se hizo lugar al recurso de casación interpuesto por la Caja Popular de Ahorros, se casó la sentencia de la Cámara en cuanto extendió responsabilidad solidaria a la Caja Popular; se dispuso sustitutivamente mantener la condena únicamente contra María Beatriz Ortube por la suma de $102.845,33 y NO HACER LUGAR a la demanda contra la Caja Popular. Se anularon asimismo los puntos relativos a costas y honorarios y se remitieron los autos al tribunal de origen para nuevo pronunciamiento sobre esos extremos. Las costas de la instancia de casación se impusieron a la parte vencida en el orden causado.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

"En dicho pronunciamiento se sostuvo que el ente autárquico demandado no es un “empleador” privado alcanzado por la legislación laboral común cuando, como en el caso que nos ocupa, celebra un contrato de locación de determinados servicios con una empresa particular. Es que un ente autárquico como la Caja Popular de Ahorros, por los cometidos públicos que determinaron su creación (de acuerdo al art. 3, Ley N° 5.115, “lleva a cabo su acción con la orientación económico social que determine el Superior Gobierno de la Provincia, actuando como su agente … siendo su finalidad predominantemente social”), no puede ser considerado “empleador” en los términos de la LCT.

El universo de relaciones jurídicas que pretende regular el régimen de contrato de trabajo establecido en la Ley N° 20.744 se refiere a relaciones entre particulares (empleados, definidos según el art. 25, LCT; y empleadores, definidos según el art. 26, LCT), que desarrollan una actividad de índole privada. Así, encuentra sentido que, en la regulación de esa actividad privada entre particulares, la ley pueda preveer los distintos supuestos de interposición, mediación, subcontratación y delegación que, en puridad, no resultan de aplicación respecto del Estado o de sus entes autárquicos, a menos que una norma expresa emanada de la autoridad local así lo disponga.

En suma, teniendo en cuenta lo hasta aquí expresado, concluyo que la decisión de la Cámara del Trabajo de extender de modo solidario a la co-demandada Caja Popular de Ahorros la responsabilidad por los créditos laborales de un contratista, a partir de lo dispuesto por el art. 30 de la LCT, resulta incorrecta y, por ende, debe ser invalidada."

¿Cómo votaron los jueces?

Sentencia unánime; los Dres. Goane, Sbdar y Gandur votaron en igual sentido. No se registran votos en disidencia.