NEYRA, BRUNO NICOLAS c/ MARCHIANO, AMERICO MARCELO s/ DESPIDO

¿Quién es el actor?

Bruno Nicolás Neyra.

¿A quién se demanda?

Américo Marcelo Marchiano.

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Rescisión indirecta del contrato de trabajo por incumplimientos del empleador y cobro de indemnizaciones (indemnización por antigüedad, preaviso, integración del mes de despido, remuneraciones de agosto/18, SAC sobre varios rubros, vacaciones proporcionales, multa art. 2 Ley 25.323, DNU y diferencias salariales de abril a agosto/20 e incidencia sobre SAC), más regulación de costas y honorarios.

¿Qué se resolvió?

Se rechazó el recurso de apelación del demandado y el recurso por derecho propio del letrado Padilla contra regulación de honorarios, confirmándose la sentencia apelada en todos sus términos. Se impusieron costas a la parte recurrente y se regularon honorarios de segunda instancia: a la letrada Julieta Tejerizo $180.475,10 y al letrado Esteban Padilla $180.000.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

Transcribo los párrafos más relevantes de la sentencia (texto original):

"Es que el plazo de 48 hs. previsto en la ley es un plazo mínimo a favor de la parte intimada a fin que evalúe la posibilidad de rever o confirmar su postura (en atención a los principios de buena fe y de continuidad del vínculo laboral), mientras que el requisito de la temporalidad en este caso se relaciona con la exigencia que el empleador exponga su decisión de sancionar o bien perdonar cierta conducta del trabajador, impidiéndose que el empleador “reserve” esa decisión para presionar al trabajador a que cumpla ciertas disposiciones o bien para despedirlo cuando a él le parezca conveniente (pero todo lo cual prefiere mantener oculto).

De allí que el hecho de reiterarse la intimación previa (siempre que se respete el plazo allí concedido, que no debe ser menor de 48 hs.) nunca podría tomarse como perjudicial para el empleador ya que, por el contrario, implicaría la concesión de una nueva oportunidad para que revea su postura y el otorgamiento de otra chance a la continuidad del vínculo laboral.

Es que así como el trabajador puede decidir cuando intimar a su empleador, también puede decidir cuantas veces hacerlo o cuando dar por extinguido el vínculo laboral, ya que solo se le exige un plazo de espera mínimo entre la intimación y el despido (de 48 hs. desde su toma de conocimiento por parte del destinatario) pero no uno máximo."

"En mérito a lo expuesto, considero que el incumplimiento del accionado ante la expresa intimación del actor para que le reintegre sus jornadas completas de labores y le abone las remuneraciones de manera íntegra (diferencias salariales), de conformidad al sueldo básico para la jornada completa y los adicionales del CCT aplicable a la actividad, demostró un claro desinterés en la prosecución de la relación laboral y justificó plenamente la decisión de rescindir el contrato de trabajo. Por ello, el ejercicio abusivo del ius variandi (al reducir la jornada y remuneraciones del trabajador) juntamente con los descuentos indebidos del sueldo del actor, constituye un obrar que violenta obligaciones esenciales establecidas en los artículos 66, 74, 62, 63, 126, 128, 137 y concordantes de la LCT por parte del accionado y justifica plenamente la denuncia del contrato de trabajo en los términos de los arts. 242, 245 y 246 LCT, originando con ello, el derecho al cobro de las indemnizaciones previstas en los arts. 245 y 232, 233 y c.c. de la LCT."

"En base a todo lo hasta acá considerado, no cabe más el rechazo del agravio sobre lo decidido por el despido y su justificación y la consecuente confirmación de la sentencia en este punto. Así lo declaro."

Sobre honorarios y costas:

"Del modo en que el recurrente argumentó su queja por la imposición de las costas refiriéndose a que los honorarios de la letrada del actor resultan elevados, determina que la revisión de la sentencia apelada en este punto sea efectuada con el alcance del art. 30 de la ley arancelaria... En atención al éxito casi total de la pretensión del actor, la trascendencia y calidad jurídica de la actividad profesional desarrollada y siendo la tarea evaluada en un 15% que corresponde a un punto intermedio de la escala prevista en la ley, estimo que resulta razonable los honorarios de la letrada Tejerizo... En cuanto a los honorarios del letrado Padilla, los que estima bajos en el porcentaje determinado en la sentencia, considero que no puede ser receptado... Por todo ello, cabe rechazar el agravio de la demandada atinente al porcentual regulado a la letrada Tejerizo y el agravio por derecho propio del letrado Padilla, y en consecuencia confirmar los honorarios regulados a los profesionales en la sentencia de primera instancia."

¿Cómo votaron los jueces?

Voto preopinante del Vocal Adrián M. R. Díaz Critelli y voto conformante de la Vocal Graciela B. Corai (acuerdo por mayoría).