SOSA ROSA NANCY c/ CISNEROS RAMONA s/ COBRO DE PESOS

¿Quién es el actor?

Rosa Nancy Sosa (DNI 27.430.098), representada por el Dr. Luis Saiquita.

¿A quién se demanda?

Ramona Cisneros (propietaria del anexo bar del Hotel Alberdi).

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Indemnización por despido (antigüedad, preaviso, integración mes de despido, vacaciones no gozadas, SAC, art. 1 Ley 25.323), por relación laboral no registrada (desde 01/04/2004 hasta 30/08/2012). Monto reclamado $106.114,04 más intereses y costas.

¿Qué se resolvió?

Atendiendo la remisión ordenada por la Excma. Corte Suprema (sent. Nº 1775/2017), la Cámara modificó el punto a.2) de los considerandos de la sentencia Nº 292/23-11-2015, concluyendo que no corresponde aplicar la sanción pecuniaria del art. 326 del CPCyC por perjurio a la demandada; manteniéndose incólume el resultado de fondo y la imposición de costas determinada por la Sala I.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

"La prueba de absolución de posiciones rendida a fs. 142 por la demandada Ramona Cisneros, considera esta Vocalía al analizar la misma que efectivamente no resulta conducente a los fines de la acreditación de la existencia de una relación laboral en grado de subordinación como pretende la parte accionante, en tanto emerge de las posiciones propuestas la reafirmación de lo sostenido en la demanda y las negativas del responde. Por otra parte, advierto de las constancias de la causa que, la respuesta dada por la absolvente a la posición Nº 1 deviene contradictoria con la prueba documental adjuntada a fs. 19 (informe catastral), lo cual lleva a analizar su conducta a la luz de lo normado por el art. 326 del CPCyC de aplicación supletoria al fuero, a fin de determinar si la demandada ha incurrido en perjurio. Dicha norma dispone 'Si de las constancias de autos resultase que el ponente, al poner las posiciones, o el absolvente, al contestarlas, ha faltado a la verdad, el juez impondrá a su cargo una multa que no podrá exceder al equivalente de cinco (5) consultas escritas de abogado, a favor de la contraparte'."

"Por ello, no obstante considerar acreditado que la demandada incurrió en falsedad que pudiera considerarse incompatible con el deber de buena fe y probidad que se exige a los contendientes, lo que en definitiva resta credibilidad a las argumentaciones vertidas en el escrito de responde, no puedo dejar de considerar que si ocultó la verdad lo fue en defensa de sus propios intereses y que por ende no es pasible de sanción alguna más allá de estimar desvirtuadas sus afirmaciones. Precisamente, al respecto la doctrina marca una clara distinción en la conducta del testigo que falsea la verdad y la parte llamada a confesar un hecho. La verdad que sabe el testigo le pertenece, pero también pertenece a la sociedad que integra. Tiene la doble obligación de declarar y de declarar la verdad. Por el contrario, la verdad que sabe la parte que defiende sus propios intereses, le pertenece privadamente y no a la sociedad que integra (Couture, E. Alcance procesal del juramento previo en la absolución de posiciones, Rev. Crit. De Jurisprudencia, T. 2, pág. 385)."

"Además de ello, cabe tener presente el principio receptado en el art. 18 de la Constitución Nacional, de que nadie puede declarar contra sí mismo… Consecuentemente, la actitud de la parte evidenciada en este proceso no encuadra en lo previsto por el art. 326 del CPCyC, para tornar aplicable la aplicación de la sanción en él contenida."

"Por lo tanto, esta Vocalía considera que la demandada no ha incurrido en perjurio en los términos del art. 326 del CPCyC y, por lo tanto, no corresponde la aplicación a éste de la sanción pecuniaria prevista en dicha norma. Así lo considero."

¿Cómo votaron los jueces?

Voto preopinante del Dr. Pedro Patricio Stordeur (extenso, expone análisis de la doctrina y la inaplicabilidad de la multa) y adhesión de la Vocal Malvina María Seguí. No hubo disidencia.