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Cámara de Apelaciones

PEREYRA ADRIAN EDUARDO c/ MIPOL REPUESTOS S.A. s/ COBRO DE PESOS

El actor promovió demanda laboral por despido indirecto, reclamando indemnizaciones y recategorización como encargado. La Cámara de Apelaciones, por mayoría, admitió parcialmente la demanda, declaró acreditada la condición de encargado de segunda (vendedor C) y condenó a la demandada al pago de $217.092,87 por los rubros declarados.

Fecha de la sentencia
Tribunal
CAMARA DEL TRABAJO - Sala 1 (TUCUMAN)
Fuero
CAMARA DEL TRABAJO - Sala 1
Jurisdicción
Local · Tucuman
Expediente
52595
Recategorizar Despido indirecto Ius variandi Valoracion de la prueba Arbitrariedad de la sentencia Indemnizacion laboral Cct 130/75 Sac proporcional Costas y honorarios Camara de apelaciones (sala i)

¿Quién es el actor?

Adrián Eduardo Pereyra, DNI 30.835.171, representado por el Dr. Carlos Javier Torres.

¿A quién se demanda?

Mipol Repuestos S.A.

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Cobro de pesos por despido indirecto y rubros laborales reclamados: indemnización por antigüedad, preaviso, salario adeudado (19 días), integración mes de despido, indemnización arts. 1 y 2 Ley 25.323, SAC proporcional, SAC sobre preaviso, vacaciones proporcionales, más intereses, costas y honorarios; y recategorización como encargado.

¿Qué se resolvió?

Se admitió parcialmente la demanda. Se declaró que el actor tenía la categoría de encargado de segunda (vendedor C) desde un año posterior al ingreso; se consideró justificado el despido indirecto por injuria patronal (por incorrecta categorización y ejercicio irrazonable del ius variandi), y se condenó a la demandada al pago de $217.092,87 por indemnización por antigüedad, sustitutiva de preaviso, integración de mes de despido, SAC proporcional y vacaciones proporcionales; se rechazaron las indemnizaciones de los arts. 1 y 2 de la Ley 25.323. Se reguló costas y honorarios.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

"Consecuentemente, se concluye que la decisión de la Cámara relativa a que el actor estuvo correctamente categorizado como vendedor categoría B del CCT 130/75 se basó en un examen retaceado de las pruebas producidas en autos y por tanto carece de fundamentos adecuados y suficientes. Viene al caso recordar que la Corte Suprema de Justicia de la Nación sostuvo que “no constituye un pronunciamiento judicial válido la sentencia que al interpretar la prueba se limitó a un análisis parcial de los elementos de juicio, omitiendo la ponderación de otros que, integrados y armonizados con aquellos, podrían resultar conducentes para la solución del pleito, defecto que lleva a desvirtuar la eficacia que, según las reglas de la sana crítica corresponde a los medios probatorios” (“Ferreyra de Cortez Irene René y otro vs. Peralta Luis Eduardo y otro”, Fallos, 325:1511, 27/6/2002)."

"Lo hasta aquí expresado lleva a concluir que la sentencia impugnada incumplió con el deber de fundamentación que le imponen los arts. 18 de la Constitución Nacional, 30 de la Constitución de la Provincia de Tucumán, 264 y 265, inc. 5 CPCyC a los que remite el art. 46 CPL. Tal déficit determina su descalificación como acto jurisdiccional válido a la luz de la doctrina de esta Corte en materia de arbitrariedad de sentencia. En consecuencia, corresponde Casar íntegramente la sentencia de fecha 25/8/2016 en base a la siguiente doctrina legal: “Es arbitraria y por ende nula, la sentencia que omite una valoración integral y fundada de las pruebas conducentes para la solución de la controversia”, y Remitir los autos a la Cámara a fin que, por intermedio de la Sala que por turno corresponda, dicte nuevo pronunciamiento."

Parte resolutiva dispositiva final (transcripción literal de la parte resolutiva vigente):

"I.- ADMITIR PARCIALMENTE la demanda promovida por ADRIAN EDUARDO PEREYRA, argentino, DNI N° 30.835.171, con domicilio real en calle 12 de octubre N° 1936, de la ciudad de San Miguel de Tucumán, en contra de MIPOL REPUESTOS SRL, con domicilio en Av. Belgrano N° 1838, por la suma total de $ 217.092,87 (Pesos: doscientos diecisiete mil noventa y dos con ochenta y siete ctvos.), por los conceptos de indemnización por antigüedad, preaviso, salario adeudado e integración mes de despido (mes integrado), SAC proporcional 1er semestre, SAC s/preaviso y vacaciones proporcionales, a la que se condena a pagar el monto debidamente reexpresado según el considerando, mediante deposito bancario a la orden del Juzgado competente, dentro de los 10 días de ejecutoriada la presente, según lo considerado. ABSOLVER a la demandada por los rubros y montos de Indemnización Arts. 1 y 2 Ley 25323, según se considera.

II.- COSTAS: como se consideran.-

III.- REGULAR HONORARIOS por el proceso de conocimiento a los letrados: 1) CARLOS JAVIER TORRES en la suma de $50.474,10 (pesos: cincuenta mil cuatrocientos setenta y cuatro con diez ctvos.); 2) MARCELO FAJRE en la suma de $28.237,04 (pesos: veintiocho mil doscientos treinta y siete con cuatro ctvos.); y 3) CARLOS GARCÍA MACIÁN en la suma de $8.412,34 (pesos: ocho mil cuatrocientos doce con treinta y cuatro ctvos.).-

IV.- PLANILLA FISCAL oportunamente practíquese y repóngase (art.13 Ley 6204).-

REGÍSTRESE Y HÁGASE SABER"

¿Cómo votaron los jueces?

los dos votos (Vocal preopinante María del Carmen Domínguez y Vocal Rogelio A. Mercado) coinciden en el resultado y fundamentos expuestos; no existen votos en disidencia.

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