CARO UVALDO MATILDO Y OTRO c/ CESARE S.R.L. Y OTRO s/ COBRO DE PESOS

¿Quién es el actor?

Uvaldo Matildo Caro y Segundo Ramón Valdez.

¿A quién se demanda?

CESARE S.R.L. y S.A. SAN MIGUEL AGICIyF (codemandada apelante: S.A. San Miguel).

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Cobro de pesos por conceptos de Antigüedad (art. 245 LCT), Preaviso (art. 232 LCT), Integración de mes de despido (art. 233 LCT), Sanción del art. 80 LCT, Indemnización art. 2 Ley 25.323, y Ropa de trabajo (Art. 4 CCT 271/96); monto condenado en primera instancia: $143.983,98 total, $71.991,99 para cada actor.

¿Qué se resolvió?

Rechazó el recurso de apelación interpuesto por S.A. San Miguel y confirmó la sentencia definitiva Nº 715 de fecha 13/12/2017 en lo apelado; se impusieron las costas a la apelante y se reservó pronunciamiento sobre honorarios.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

Transcripción de los párrafos más relevantes (texto original del tribunal):

"En lo que se refiere al primer agravio, cabe destacar que la codemandada S.A. San Miguel fue condenada en forma solidaria con fundamento en lo dispuesto por el Art. 30 LCT. Partiendo de esta base, soy de opinión que la solidaridad que contempla la mencionada norma se extiende de manera amplia a todas las obligaciones derivadas del contrato de trabajo; entre ellas, la que surge del Art. 80 LCT. En efecto, no habría razón para eximir de responsabilidad al responsable solidario de la multa que importa la norma, ya que como se desprende del primer párrafo del Art. 30, los que contraten o subcontraten trabajos o servicios correspondientes a la actividad normal y especifica de la empresa, deberán exigir a sus contratistas o subcontratistas el adecuado cumplimiento de “todas” las normas relativas al trabajo y de la seguridad social.

Si bien comparto con el recurrente que la obligación de entregar las constancias y el certificado previsto en el Art. 80 LCT recae exclusivamente sobre el titular de la relación laboral, toda vez que se trata de una obligación de hacer y que, por lo tanto, quienes no revistan el carácter de empleadores directos carecen de la información necesaria para la confección de los certificados de trabajo, los cuales son una resultante de los libros de la sociedad empleadora, S.A. San Miguel debió controlar que Cesare S.R.L. hiciera entrega de las certificaciones laborales correspondientes a los trabajadores una vez extinguido el vínculo. En efecto, el art. 80 LCT expresa que, cuando se extinguiera el contrato de trabajo por cualquier causa, el empleador estará obligado a entregar al trabajador un certificado de trabajo. Por lo tanto, se trata de una norma relativa al adecuado cumplimiento de las normas del trabajo que debe ser controlada por el deudor solidario, a tenor de lo dispuesto por el art. 30 LCT."

"Analizado el segundo agravio, cabe destacar que, tratándose de una sanción prevista para que el empleador moroso adecue su conducta -como última oportunidad- a las disposiciones legales y dé cumplimiento con su obligación de abonar las indemnizaciones, la intimación ordenada por la norma legal debe ser expresa, clara y concreta, y debe efectuarse luego de vencido el plazo de cuatro días hábiles determinados por la LCT, posteriores a la extinción de la relación de trabajo (Arts. 128 y 149 de la LCT), oportunidad en que el empleador recién estará en mora.

En el caso de autos, la sentencia de primera instancia establece que las fechas de las intimaciones formuladas por los actores son el 19/04/2011 ... En cuanto al Sr. Caro, ha intimado el pago de las indemnizaciones por los TCL de fecha 04.05.2011 (fs. 15) y 30.05.2011 (fs. 17). Por su parte, el Sr. Valdez, ha formulado igual intimación por los TCL de fecha 04.05.2011 (fs. 23) y 27.05.2011 (fs. 25).

Sin embargo, estas comunicaciones no llegaron a la esfera de conocimiento del empleador, CESARE SRL, en razón de que, según surge de lo actuado por el mismo correo, fueron devueltas al remitente con el informe “SE MUDO”... La parte actora ha logrado probar la autenticidad de los TCL intimatorios ... en ese sentido, no es menos importante señalar que “el carácter recepticio de las comunicaciones que rige en el derecho del trabajo no implica que la recepción de la comunicación quede librada al arbitrio del destinatario sino que éste debe informar correctamente su domicilio real, mantenerlo identificado, comunicar cualquier cambio que se produzca en el mismo y recibir todas las notificaciones que le fueron dirigidas…” ... En función de todas estas circunstancias, considero que corresponde tener al demandado por notificado de la intimación que dispone el art. 2 de la Ley 25.323 y por lo tanto confirmar la sentencia recurrida en lo que respecta a este punto."

¿Cómo votaron los jueces?

el voto preopinante del Dr. Guillermo Ávila Carvajal (detallando los fundamentos citados) y la adhesión de la Dra. Silvia Eugenia Castillo; acuerdo por unanimidad de la Sala IVa que concluye con el dispositivo transcripto.