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Tribunal Superior

RIZZO ROBERTO JUAN c/ BANCO DEL TUCUMAN S.A. s/ COBROS

El actor reclamó multas y diferencias por presunta registración deficiente y retrogradación salarial tras su transferencia desde el BPT. La Corte Provincial rechazó el recurso de casación y confirmó la sentencia de Cámara que declaró debidamente registrado y correctamente remunerado al trabajador, por no haberse acreditado los supuestos legales de registración defectuosa previstos en la Ley 25.323 y la Ley 24.013.

Fecha de la sentencia
Tribunal
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA - Sala Laboral y Contencioso Administrativo (TUCUMAN)
Fuero
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA - Sala Laboral y Contencioso Administrativo
Jurisdicción
Local · Tucuman
Expediente
L1147/1
Recurso de casacion Registracion laboral deficiente Ley 25.323 Ley 24.013 Pericia contable Retrogradacion de categoria Distracto (31/08/2011) Costas al vencido Valoracion de la prueba Trabajo

¿Quién es el actor?

Roberto Juan Rizzo.

¿A quién se demanda?

Banco del Tucumán S.A.

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Cobro por distracto; diferencias y multas por registración deficiente (art. 1 y art. 2 Ley 25.323), y reconocimiento de perjuicios por retrogradación de categoría y menor remuneración; además planteo de inconstitucionalidad de normas relacionadas (art. 4 Ley 25.561; art. 7 y 10 Ley 23.928; art. 5 Decreto 214/02).

¿Qué se resolvió?

La Corte rechazó el recurso de casación interpuesto por el actor y confirmó la sentencia de la Sala II de la Cámara de Apelación del Trabajo de 16/3/2018, que había rechazado la demanda, admitido la defensa de pago total de la demandada, declarado abstracto el planteo de inconstitucionalidad y condenado en costas al actor. Se reservaron honorarios.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

Transcripción de párrafos relevantes de la sentencia (textos textuales del fallo):

1) “La mencionada norma dispone: ‘Las indemnizaciones previstas por las leyes 20744 (t.o. 1976), art. 245 y 25013, art. 7, o las que en el futuro las reemplacen, serán incrementadas al doble cuando se trate de una relación laboral que al momento del despido no esté registrada o lo esté de modo deficiente. Para las relaciones iniciadas con anterioridad a la entrada en vigencia de la presente ley, los empleadores gozarán de un plazo de treinta días contados a partir de dicha oportunidad para regularizar la situación de sus trabajadores, vencido el cual le será de plena aplicación el incremento dispuesto en el párrafo anterior. El agravamiento indemnizatorio establecido en el presente artículo, no será acumulable a las indemnizaciones previstas por los arts. 8, 9, 10 y 15 de la ley 24013’.”

2) “Es reiterada y pacífica la interpretación de esta Corte sobre los supuestos que autorizan el incremento de la indemnización previsto en el art. 1º de la Ley Nº 25.323 antes reproducido. Este Tribunal ha dicho que ‘la norma citada tiene una evidente y necesaria articulación con la ley 24.013 y su interpretación debe hacerse desde la complementariedad. El primer supuesto para la duplicación que describe la ley se refiere al trabajo no registrado. ... En el segundo supuesto del artículo, es decir, un registro deficiente, debemos recurrir nuevamente a la ley 24.013 para determinar su ámbito de aplicación el cual estaría establecido en los artículos 9 y 10. ... Esta lectura posibilita una interpretación adecuada y razonable de la norma por cuanto resultaría excesivo y contrario a la misma la imposición de la sanción del artículo 1 para cualquier falencia registral sin consideración de las condiciones y sus características particulares’ (CSJT, “Segura Vilahur, Carlos Víctor c. BBVA Banco Francés S.A. s/ Cobro de pesos”, sentencia Nº 910 del 02/10/2006...).”

3) “En las concretas circunstancias de la causa, no es cuestión controvertida que el trabajador estaba registrado, que percibía la remuneración indicada en los recibos de sueldo y que ingresó a trabajar para la demandada el 02/2/1981. En otras palabras, surge claro que el actor se encontraba debidamente registrado en el sentido de que no se han falseado en los libros ni su fecha de ingreso ni la remuneración que realmente cobró, y tampoco se ha probado una situación marginal o de pagos ‘en negro’. Ello así, ningún reproche merece la conclusión del Tribunal que fundó acabadamente su decisión pues, tal como lo consideró la Cámara, el caso de autos no queda aprehendido en el supuesto legal de defectuosa registración en el sentido y los términos de las Leyes Nº 25.323 (art. 1 cit.) y Nº 24.013.”

Sobre la valoración probatoria y la pericia contable: la Corte rechazó que hubiera arbitrariedad, apuntando que la Cámara valoró integralmente el informe pericial junto con recibos de sueldo, escala salarial vigente y reconocimiento del actor de la certificación de servicios, y que el recurrente no realizó una crítica idónea que destruyera el razonamiento lógico del fallo.

Sobre costas: la imposición de costas al actor se ajustó al principio objetivo de la derrota; la mera convicción subjetiva de tener razón no basta para eximir de costas sin circunstancias objetivas que lo justifiquen.

¿Cómo votaron los jueces?

Unánime (doctores Sbdar, Posse y Leiva). No hubo disidencias relevantes.

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