TASQUER NORMA CECILIA Y OTROS c/ GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE TUCUMAN s/ COBROS (ORDINARIO)

¿Quién es el actor?

Tasquer Norma Cecilia y otros (actores ejecutantes; letrado ejecutante Carlos Santiago Caramuti).

¿A quién se demanda?

Gobierno de la Provincia de Tucumán.

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Ejecución de honorarios profesionales regulados por $255.000 (más intereses, gastos y costas) y declaración de inaplicabilidad/inconstitucionalidad de la Ley provincial N° 8851 para permitir dicho cobro.

¿Qué se resolvió?

La Corte hizo lugar al recurso de casación planteado por la Provincia, casó íntegramente la sentencia N° 696 de la Cámara en lo Contencioso Administrativo (15/11/2023), ordenó la remisión de los autos a la Cámara para que dicte nuevo fallo conforme a lo considerado, y dispuso devolución del depósito. Costas de la instancia a cargo del orden causado; reserva sobre regulación de honorarios.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

"II.- El presente recurso ha sido adecuadamente tratado y resuelto por el dictamen del Ministerio Público Fiscal obrante en autos, cuyas consideraciones y conclusiones esta Corte comparte y a las cuáles se remite por razones de brevedad, con las siguientes aclaraciones y precisiones.

En cuanto al requisito de definitividad, aún cuando lo impugnado casatoriamente es una mera resolución interlocutoria que no resulta equiparable a definitiva en tanto carece de la virtualidad jurídica de poner fin al pleito o hacer imposible su continuación, se configura, en sub iudice, el excepcional supuesto de gravedad institucional, que suple tal ausencia de definitividad y legitima la intervención de esta Corte, de acuerdo a lo previsto en el artículo 805, inciso 2, del CPCC. Esto es así habida cuenta la aptitud para proyectarse sobre el orden público y comprometer la regular prestación del servicio de justicia que, trascendiendo el mero interés particular de las partes, reviste una cuestión como la debatida en autos, vinculada esencialmente al régimen legal de inembargabilidad de los fondos, valores y demás medios de financiamiento afectados a la ejecución presupuestaria del sector público y del Registro de Sentencias Condenatorias contra el estado provincial. Asimismo, la recurrente ha formulado doctrina legal."

"Es que no es suficiente que el fallo, para resolver la cuestión, haya señalado que los honorarios del letrado ejecutante eran alimentarios porque al momento que fueron devengados constituían el medio vital para cubrir necesidades de subsistencia y posibilitar su desenvolvimiento humano, económico, intelectual y profesional. Ello así por cuanto, teniendo en cuenta que la Ley N° 8.851 ha procurado ordenar el sistema de ejecución de sentencias firmes contra el estado y las cuentas públicas, adoptando como criterio rector el de la existencia previa de partidas presupuestarias para su cumplimiento a los efectos de impedir que las ejecuciones individuales pudieran comprometer su correcto y eficiente funcionamiento, resultaba imprescindible que el A quo se hiciera cargo fundadamente de las mencionadas alegaciones de la Provincia de Tucumán vinculadas a la condición de magistrado del letrado al momento de promover la ejecución -con las consecuencias que ello entraña-, y las ponderara a la luz de las aludidas razones presupuestarias, de funcionamiento del estado y de interés público que nutren a la referida ley, a los efectos de poder pronunciarse motivadamente acerca de si correspondía o no, en la especie, exceptuar al crédito de marras del régimen temporario de inembargabilidad que contiene el mencionado ordenamiento legal."

"Por lo expuesto, corresponde hacer lugar al recurso de casación interpuesto por la Provincia de Tucumán contra la sentencia Nº 696 de la Excma. Cámara en lo Contencioso Administrativo, Sala II, de fecha 15/11/2023. En consecuencia, corresponde casar dicha sentencia dejándola íntegramente sin efecto, conforme a la siguiente doctrina legal: 'Debe descalificarse como acto jurisdiccional válido la sentencia que carece de adecuada y suficiente motivación'. Por consiguiente, corresponde disponer la remisión de los presentes actuados al aludido Tribunal a fin de que, por la Sala que corresponda, dicte nuevo fallo con arreglo a lo considerado, y sin que lo dicho, en modo alguno, signifique adelantar el sentido de la decisión del nuevo pronunciamiento a dictarse."

¿Cómo votaron los jueces?

La mayoría integrada por las vocales/doctores Eleonora Rodríguez Campos (preopinante), Sergio Gandur y Marcela F. Ruiz votó por hacer lugar al recurso y casar la sentencia. El vocal Dr. Daniel O. Posse (con adhesión de la Dra. María D. Leone Cervera) votó por declarar inadmisible el recurso (disidencia).