KLUG, JUAN JOSE c/ ANSES s/REAJUSTES VARIOS

¿Quién es el actor?

KLUG, Juan José.

¿A quién se demanda?

Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Reclamo por reajuste y movilidad de haberes previsionales (reajuste del haber inicial y aplicación del índice ISBIC para aportes en relación de dependencia hasta febrero de 2009; impugnación de pautas de movilidad y decretos y declaración de inconstitucionalidades relacionadas).

¿Qué se resolvió?

Se rechazó el recurso de apelación interpuesto por ANSES y se confirmó la sentencia de primera instancia. Se declaró la inconstitucionalidad del art. 3 del DNU 157/2018 y, en consecuencia, se impusieron las costas de la presente instancia a ANSES; no se regularon honorarios al apoderado de la parte demandada. Se dejó presente la reserva del caso federal.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

1) "Se concluye, entonces, que toda norma dictada por la ANSES o por resolución ministerial que se oponga a la utilización del índice ISBIC para actualizar los aportes efectuados en relación de dependencia hasta el mes de febrero de 2009 resulta inválida y así debe resolverse. Por ello, se confirma inconstitucionalidad para el caso concreto del Dec. 807/16 (confr. 'Rodríguez Pereyra', Fallos 335:2333) y se resuelve la aplicación del índice ISBIC hasta febrero de 2009 para el reajuste del haber inicial del actor."

2) "Que, de conformidad con lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa 'Morales, Blanca Azucena c/ ANSeS s/ impugnación de acto administrativo' (FCR 2149166/2011, sentencia del 22/06/2023), corresponde declarar la inconstitucionalidad del art. 3º del DNU 157/2018, aplicar el art. 36 de la ley 27.423 y, en consecuencia, imponer las costas de la presente instancia a la ANSES; conforme lo establecido en el art. 68, primer párrafo, del CPCCN."

¿Cómo votaron los jueces?

El Dr. Mateo José Busaniche formuló disidencia parcial respecto de la declaración de inconstitucionalidad del art. 9 de la ley 24.463; en su voto habría revocado la declaración de inconstitucionalidad de dicho artículo por entender que no se acreditó perjuicio confiscatorio superior al 15%, dejando sin perjuicio la posibilidad de que el actor plantee la cuestión nuevamente al momento de la liquidación. Esa postura quedó en disidencia parcial y no integró la decisión mayoritaria.