Emilio Prieto Alonso y Otro

¿Quién es el actor?

Almagro de Somoza y otro (titulares de la farmacia "Almagro de Somoza", Villa Carlos Paz, Córdoba).

¿A quién se demanda?

Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados.

¿Cuál es el objeto del reclamo?

amparo contra la resolución 3164/82, que rescindió parcialmente el contrato suscripto con el Colegio de Farmacéuticos de la Provincia de Córdoba respecto de la farmacia y le aplicó una multa, por la presunta omisión de identificar a los afiliados al adquirir medicamentos.

¿Qué se resolvió?

se revoca la sentencia apelada y se rechaza la demanda de amparo; las costas se imponen a la vencida.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

"...en tales condiciones, atento a lo expuesto en el considerando 5º y a la doctrina de Fallos: 302:1564; 303:1596 y otros, no cabe tener por configurado, en el caso, el pretendido desconocimiento del derecho constitucional de la defensa en juicio."

"Los recurrentes fueron llamados a declarar en oportunidad de tramitarse los expedientes internos iniciados para investigar anomalías descubiertas en recetas médicas y 'facturaciones'. Con posterioridad a la iniciación de la demanda de amparo en la cual expresaron que, por desconocer los orígenes de la resolución cuestionada 'no podían aportar mayores elementos'-se les corrió traslado del informe presentado por el Instituto... y no hicieron manifestación alguna sobre la cuestión de fondo, limitándose a reiterar sus quejas derivadas de la circunstancia de que no se les había permitido antes del dictado de la resolución 3.164 efectuar su descargo. Nada dijeron sobre pruebas o defensas de las que se habrían visto privados..."

"La garantía de la defensa en juicio supone la posibilidad de ocurrir ante algún órgano jurisdiccional en procura de justicia y requiere que se otorgue a los interesados la oportunidad de ser oídos y la ocasión de hacer valer sus defensas en el tiempo, lugar y forma previstos por las leyes procesales respectivas. Las posibilidades de audiencia y prueba en la instancia judicial bastan para asegurar la garantía de la defensa."

"...la viabilidad del amparo requiere que se configure una situación de agresión ilegítima a derechos con rango constitucional."