Lidia M. Iturmendi y Otra c/ Municipalidad de la Matanza

¿Quién es el actor?

Afiliados y convencionales del Partido Autonomista (la recurrente es el apoderado del Partido Autonomista de Corrientes).

¿A quién se demanda?

Las autoridades partidarias cuya convención y resoluciones fueron cuestionadas por la vía de la nulidad.

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Nulidad de la Convención del 2 de junio de 1974 realizada en Esquina, Provincia de Corrientes, de sus disposiciones y de la resolución del 30 de mayo de 1974 del Tribunal de Conducta del partido, que suspendió a afiliados y convencionales.

¿Qué se resolvió?

Se confirmó la sentencia de la Cámara Nacional Electoral que declaró la nulidad y dispuso que el juez federal competente designe un interventor del Partido Autonomista a los fines del art. 3º de la ley 21.699. Se rechazó el agravio sobre falta de notificación personal de la integración del tribunal, por improcedencia formal al no haberse probado la causal de recusación. Se rechazó la pretensión de prórroga de mandatos por aplicación del art. 1º de la ley 21.699.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

"En el caso, no es razonable suponer que la prórroga de los mandatos de las autoridades partidarias prescripta por el art. 1º de la ley 21.699 pueda servir ni como medida de no innovar ni para subsanar los vicios en la constitución de las autoridades descalificadas por sentencia judicial. Lo que se prorroga es el ejercicio de autoridades indiscutidas ante la jurisdicción competente."

"Por encima de lo que las leyes parecen decir literalmente, es propio de la interpretación indagar lo que ellas dicen jurídicamente. En esa indagación no cabe prescindir de las palabras de la ley, pero tampoco atenerse rigurosamente a ellas, cuando la interpretación sistemática así lo requiere."

"[A]quella disposición se vincula con la imposibilidad legal de efectuar comicios internos atenta la suspensión de la actividad política (decreto 6 del 24 de marzo de 1976) y se refiere a la inamovilidad de las autoridades legítimamente constituidas."

Respecto de la falta de notificación, la Corte sostuvo que el agravio era formalmente improcedente porque el recurrente invocó la posibilidad de recusar con causa a dos camaristas (arts. 14 de la ley 19.108 y 17, inc. 9°, del Código Procesal) pero no probó ni intentó probar tales aseveraciones.

El Procurador General interino había dictaminado en el mismo sentido, con la precisión de que la ley 21.699 es de naturaleza federal, lo que habilitaba el recurso por el art. 14 inc. 3° de la ley 48.