PIETRO, LUCAS LEONARDO c/ PROVINCIA ART S.A. s/RECURSO LEY 27348

¿Quién es el actor?

Pietro, Lucas Leonardo.

¿A quién se demanda?

Provincia ART S.A.

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Revisión judicial de valoración de incapacidad por Covid-19 (reconocimiento de incapacidades físicas y psíquicas, aplicación de baremo y método de actualización del crédito).

¿Qué se resolvió?

Se confirmó la sentencia apelada en todo cuanto fue materia de recurso y agravios; se impusieron las costas de alzada a cargo de la parte demandada; se fijaron honorarios de primera instancia en 59, 52 y 28 UMA para la representación letrada de la parte actora, parte demandada y perito médico respectivamente; y se fijaron honorarios de alzada del 30% de lo percibido en grado. (La Cámara confirmó la resolución de grado en cuanto rechazó la incapacidad psicológica, rechazó las asignaciones periciales que no se sustentaron en el baremo aplicable y confirmó el uso del baremo del Decreto 659/96; además confirmó la repotenciación mediante índice RIPTE y la aplicación de intereses conforme a lo dispuesto en la causa en caso de incumplimiento.)

¿Cuáles son los fundamentos principales?

"La peritación rendida no se exhibe debidamente fundada, pues si bien concluyó que el accionante, como consecuencia de las patologías denunciadas, presenta una reacción vivencial anormal neurótica de grado I-II que lo incapacita en el 10% de la total obrera, no aporta elementos objetivos suficientes que permitan establecer que dicho cuadro revista carácter permanente ni explica adecuadamente las razones por las cuales corresponde atribuirlo causalmente a la contingencia de autos. En tal sentido, la mera constatación de sintomatología ansioso-depresiva y su vinculación temporal con los hechos no resultan, por sí solas, suficientes para demostrar que se trate de una secuela psíquica permanente derivada de la enfermedad profesional denunciada."

"En tal condiciones, la existencia de elementos clínicos y estudios complementarios que den cuenta de las afecciones constatadas no resulta suficiente, por sí sola, para asignarles una minusvalía indemnizable en el marco del régimen especial, si los porcentajes determinados no encuentran adecuado sustento en la tabla de evaluación aplicable. Por ello, corresponde confirmar también lo decidido en grado sobre este aspecto."

"El propio art. 3 de dicha norma dispone su aplicación a 'toda valoración o determinación de incapacidad laboral que no haya sido aún dictada, independientemente de la instancia administrativa o judicial en la que se encuentre' –lo que presupone, como condición de su operatividad, que la valoración se encuentre pendiente al momento de la entrada en vigencia–. En el caso, la valoración administrativa ya había sido dictada –y con ella fijado el objeto sobre el que versa la revisión que la vía del art. 2 de la ley 27.348 habilita ante esta jurisdicción– con anterioridad a la existencia misma de la norma cuya aplicación se reclama. La instancia judicial, al actuar como órgano revisor de lo actuado en sede administrativa, debe hacerlo tomando como parámetro el mismo baremo bajo el cual aquella instancia se sustanció, pues de lo contrario se sometería el acto que se revisa a un estándar que le era ajeno al momento de su dictado, en desmedro del principio de congruencia que gobierna la vía recursiva elegida."

¿Cómo votaron los jueces?

No se registran votos en disidencia; ambos jueces adhirieron al acuerdo.