CITERIO DANIEL CARLOS C/ FEDERACION PATRONAL SEGUROS S.A. S/ ENFERMEDAD ACCIDENTE

¿Quién es el actor?

Daniel Carlos Citerio, representado por la abogada María Elvira Braschi.

¿A quién se demanda?

Federación Patronal Seguros S.A., representada por los abogados Carlos Alfredo Featherston y Lucía Elena Echeverría.

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Pago de prestaciones dinerarias previstas por arts. 8 y 14 inc. 2 de la ley 24.557 (LRT) por secuelas de enfermedades profesionales (discopatía lumbosacra, hipoacusia perceptiva bilateral con daño acústico inducido por ruido, artrosis de rodilla, lesión lumbar) con fecha de consolidación 30/06/2019 y una incapacidad pericialmente fijada en 18,88%.

¿Qué se resolvió?

Se hizo lugar a la demanda y se condenó a la demandada a pagar $84.306.009,94 (importe total al 25/09/2026), con actualización por RIPTE hasta el pago y tasa de interés del 6% anual; se impusieron las costas a la demandada y se reguló honorarios y peritos.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

"Resultando entonces que se ha verificado una contingencia cubierta por el art. 6 de la ley 24.557 que le provocó al trabajador una incapacidad del 18,88% de la total obrera, corresponde condenar a la ART demandada a pagarle las prestaciones previstas en el art. 14.2.a de la ley 24.557 (art. 26, ley 24.557)."

"La reparación calculada conforme al sistema de la ley 27.348 representa apenas el 11,03% del valor que arrojaría una actualización integral por RIPTE, siendo el monto actualizado por RIPTE aproximadamente 9,06 veces superior al obtenido mediante la aplicación del mecanismo legal. De ello se verifica una manifiesta desproporción entre la reparación sistémica obtenida mediante la aplicación del régimen de la Ley de Riesgos del Trabajo y la que resulta de la utilización de un mecanismo alternativo de preservación del valor del capital como el RIPTE, en los términos que la propia SCBA dejó abiertos en el precedente 'Galarza, Daniel Alejandro c/ Prevención ART S.A.'."

"Por todo lo expuesto, corresponde concluir que el artículo 12 de la LRT, en las condiciones señaladas, resulta inconstitucional por vulnerar el principio de reparación integral consagrado en la Constitución Nacional, en tanto no asegura una compensación justa."

"Si bien la cuantificación de los montos de condena ha sido calculada a valores actuales, estimo que, desde la fecha de exigibilidad del crédito (30/06/2019) hasta el dictado de esta sentencia, los intereses moratorios deben ser calculados a una tasa pura del 6% anual, que ascienden en el caso a la suma de $ 25.541.030,89 ($ 58.764.979,05 x 43,46%), (arg. arts. 7 y 768 del Código Civil y Comercial). Así las cosas, el importe total de condena asciende a la suma de pesos ochenta y cuatro millones trescientos seis mil nueve con noventa y cuatro centavos ($ 84.306.009,94), al 25 de septiembre de 2026."

¿Cómo votaron los jueces?

Los tres jueces (Núñez, Escobares y Martiarena) adhirieron al voto de Núñez; no hubo disidencia relevante en el bloque dispositivo.