Administracion Nacional de Aduanas

¿Quién es el actor?

Administración Nacional de Aduanas.

¿A quién se demanda?

Roberto Ricciardi y Ramón Faustino Villagra (procesados).

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Causa penal por contrabando. Los imputados buscaban que se consolidara el sobreseimiento definitivo dictado en primera instancia, frente a la revocación de la Cámara.

¿Qué se resolvió?

La Corte declaró procedente el recurso extraordinario, dejó sin efecto la sentencia de fs. 6176/6177 vta. y devolvió los autos al tribunal de origen para que dicte un nuevo pronunciamiento.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

"...la garantía constitucional de la defensa en juicio incluye el derecho de todo imputado a obtener un pronunciamiento que, definiendo su posición frente a la ley y a la sociedad, ponga término del modo más breve a la situación de incertidumbre y de restricción de la libertad que comporta el enjuiciamiento penal. Por lo tanto, es una necesidad lograr una administración de justicia rápida dentro de lo razonable, evitando así que los procesos se prolonguen indefinidamente..."

"...el presente es un caso excepcional, pero lamentable, toda vez que no hubo un debido proceso legal, ya que después de doce años de trámite, la causa se encuentra aún en estado de sumario, en flagrante violación al artículo 206 del Código de Procedimientos en Materia Penal..."

"...si los tribunales pudieran dilatar sin término la decisión referente al caso controvertido, los derechos podrían quedar indefinidamente sin su debida aplicación, con grave e injustificado perjuicio de quienes los invocan y vulneración de la garantía de la defensa en juicio..."

"...el argumento aportado por el a quo para fundar su decisión importa ignorar el alcance de que la garantía constitucional de la defensa en juicio incluye el derecho a obtener un pronunciamiento rápido dentro de lo razonable..."

Cabe señalar que el Procurador Fiscal había dictaminado en sentido contrario, considerando que la resolución apelada no era sentencia definitiva. La Corte, en cambio, aplicó la excepción por la que una resolución que puede frustrar el derecho federal, con perjuicio de imposible o tardía reparación ulterior, equivale a sentencia definitiva.