Alberto Blas Manes y Ütra c/ Banco Central de la Republica Argentina

¿Quién es el actor?

Alberto Blas Manes y otra.

¿A quién se demanda?

Banco Central de la República Argentina.

¿Cuál es el objeto del reclamo?

cobro de los importes correspondientes a dos certificados de depósito a plazo fijo expedidos por el Banco Aconcagua Cooperativo Limitado, con más reajuste monetario e intereses.

¿Qué se resolvió?

se hace lugar a la queja, se declara procedente el recurso extraordinario, se revoca la sentencia apelada y se hace lugar a la demanda.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

"La obligación que como garante asume el Banco Central no deriva del contrato de depósito sino de la ley, ya que ella ha sido impuesta con fines de regulación económica y no para asegurar el cobro por parte de un acreedor particular (Fallos: 307:534), no es menos cierto que también ha dicho que la interpretación de las normas que establecen el régimen de garantía que más se compadece con tal finalidad, es la que asegure a los depositantes la devolución de sus imposiciones con más los intereses, inclusive los devengados durante el plazo de treinta días que establece el art. 56 de la ley 21.526. Y esto es así porque los fines de índole macroeconómica que pudieran inspirar la sanción del régimen de garantía de depósitos no podrían alcanzarse si dicho régimen no asegurara a los depositantes la real devolución de sus imposiciones, con los intereses pactados."

"La garantía de los depósitos instrumentada por la ley 22.051, se extiende a todas las personas amparadas por el régimen y que el único requisito exigible por el Banco Central de la República Argentina, además de la acreditación de su imposición, es la declaración jurada que la ley menciona. [...] Salvo que una connivencia fuera terminantemente probada, la ley no autoriza a exigir a éstos conductas más gravosas que las que habitualmente exigen las entidades financieras a quienes les confían sus ahorros: resultan inoponibles a los depositantes los defectos y omisiones en que pueden incurrir los depositarios."

"El tribunal a quo, al exigir la prueba relativa al origen de los fondos, se ha apartado de lo que habitualmente requieren las entidades financieras a los depositantes para acreditar sus imposiciones, que se encuentran demostradas en autos mediante los certificados de depósito agregados [...]. Lo mismo ocurre respecto de la falta de contabilización de las imposiciones, que la Cámara valora negativamente, pese a no haberse demostrado en autos connivencia entre los depositantes y la depositaria."